¿Una nueva etapa de los movimientos sociales del Ecuador?

Por definición los movimientos sociales no son simples medios del cambio social ni la expresión pasiva de tendencias sociales de cambio, sino actores que se involucran activamente en el curso de los acontecimientos con el fin de influir sobre el desarrollo de los mismos.

Estos movimientos surgen como una respuesta desde la sociedad civil ante la vulneración de derechos y fracturas estructurales y son consecuencia de tensiones sociopolíticas, que no han sido asumidas como áreas de intervención por parte de las organizaciones políticas de perfil clásico. En este sentido, las organizaciones sociales representan una alternativa de acción política frente a las carencias existentes en las organizaciones de corte convencional.
La Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos que arrancó desde el cantón El Pangui (Zamora Chinchipe) el pasado 8 de marzo y terminó en una multitudinaria movilización el 22 del mismo mes en Quito, muestra que más allá del apoyo recibido por las organizaciones políticas a la izquierda del oficialismo, los movimientos sociales se encuentran en una fase de recomposición tras varios años de crisis.

El 22 de marzo marca un punto de inflexión en la política ecuatoriana. El llamado gobierno de la revolución ciudadana ha dejado de tener el dominio total de la iniciativa en el escenario político nacional, reposicionándose la movilización social como un factor insoslayable, a pesar de su relativa ausencia desde la llegada de Rafael Correa al Palacio de Carondelet. Dicha movilización vuelve a emerger reeditando fórmulas de conducción colectiva en las que están fuertemente implicados los movimientos sociales progresistas y combativos existentes.
Esta nueva realidad actúa en contraposición a las lógicas desarrolladas por el frente político del gobierno, el cual se han caracterizado desde el inicio de su gestión por intentar captar ideológica y clientelarmente a todo tipo de tejido social existente en el país.

La movilización del pasado 22 de marzo es el resultado de un proceso que tiene su inicio en la campaña por el No en el Referéndum/Consulta del 7 de mayo de 2011, donde el gobierno nacional ya recibió una advertencia que ignoró o no supo entender.

 

Antecedentes inmediatos

Los movimientos sociales han marcado la historia del Ecuador durante la segunda mitad del pasado siglo, disputando su espacio de influencia política en las transformaciones socioeconómicas e institucionales que se han ido dando en el país. Son identificables diferentes momentos o etapas en función del protagonismo de los actores sociales: movimientos campesinos en la década de los 50 y 60; movimientos estudiantiles en los años 70; movimiento obrero en las décadas de los 70 y 80; y el surgimiento de los nuevos movimientos sociales a partir de los 90, con el protagonismo indiscutible del movimiento indígena.

El protagonismo político y social del movimiento indígena como paradigma de los nuevos movimientos sociales que se reproducían por otras áreas del planeta, les llevó incluso al acceso al poder en el año 2003 y a su correspondiente contradicción consecuencia de la crisis de legitimidad del sistema político ecuatoriano. Lo indicado con anterioridad generó la pérdida de centralidad política del movimiento indígena e impacto a lo interno de la organización, provocando una crisis en el movimiento de la cual aun se está en fase de superación.

La aparición en febrero del 2006 de Alianza PAIS y el posterior desarrollo del fenómeno correísta, generó aun más contradicciones al interior de las organizaciones sociales. Gran parte de las reivindicaciones históricas de los movimientos sociales se veían plasmadas en el Plan de Gobierno del Movimiento PAIS 2007-2011, condición que inhabilitó en parte el quehacer cotidiano de este espectro político no institucional.La convocatoria de la Asamblea Constituyente en 2007 y la gestación de la actual Carta Magna ecuatoriana a través de un importante proceso de participación social, conllevó que los movimientos sociales posicionaran estratégicamente su eje de acción en torno a dicho proceso.

La metodología aplicada para la elaboración de la Constitución permitió que las organizaciones sociales introdujeran gran parte de sus postulados en los debates constituyentes, satisfaciendo las pretensiones de la mayoría de estas .Así, se plasmaron en la Constitución de 2008 gran parte de las agendas de lucha de las organizaciones sociales en el ámbito ambiental, económico, sociopolítico, laboral, ciudadano, cuestiones de género, participación social o la reivindicación de plurinacionalidad.

Esto significó que en la campaña por la aprobación de la Constitución, referéndum que tuvo lugar el 28 de septiembre de 2008, coincidieran la mayoría de movimientos sociales junto a organizaciones políticas como Izquierda Democrática, Partido Socialista – Frente Amplio, Pachakutik, Movimiento Popular Democrático, Partido Comunista y el oficialista Alianza PAIS.

La subsidiaridad de los movimientos sociales a la lógica política que se desarrollaba en ese entonces no ayudó a la reconstrucción y empoderamiento de estos, dejándolos en una posición subalterna respecto a la política institucional.
El operativo represivo en Dayuma y todo lo referente al tema ambiental y la gestión de recursos naturales, incluyendo el debate sobre la consulta previa, fueron los temas más conflictivos en la relación entre los movimientos sociales y la nueva institucionalidad correísta durante ese período.

Las fracturas comenzaron a volverse más evidentes, a medida que el gobierno avanzaba en el tratamiento de varios proyectos de ley. A poco más de año y medio en funciones, en noviembre de 2008 el gobierno presentaba la Ley de Minería en la comisión legislativa, desatándose a partir de entonces una serie consecutiva de movilizaciones que conducirían al distanciamiento sin retorno de diversos movimientos sociales, en particular el movimiento indígena, respecto al oficialismo.

Revitalización de los movimientos sociales en la coyuntura actual

La recomposición y reempoderamiento de los movimientos sociales toma fuerza a partir de que deja de ser creíble para la izquierda organizada, tanto política como social, el proceso de transformación; visibilizándose que el posneoliberalismo ecuatoriano es en la práctica el proceso de modernización más serio que ha tenido el Capital y el Estado en toda la historia del país. En ese proceso tiene un rol fundamental lo Público, de igual manera que lo tuvo en el periodo de postguerra en Europa, cosa que desconcierta a cierta intelectualidad autodefinida como progresista que aun mantiene postulados afines al régimen.

Sin embargo y citando a Touraine, “para que se originen esos movimientos no basta con que se opongan a determinada forma de dominación; es necesario, por el contrario, que reivindiquen también determinados atributos positivos”[1]. Es en ese sentido en el que retoma toda su actualidad el concepto del Buen Vivir -formulado en las constituciones de Bolivia y Ecuador-, el cual más allá de sus debates teóricos, articula su fuerza en las prácticas de los pueblos indígenas y movimientos sociales, así como en la construcción política de alternativas al desarrollo entendido como progreso o el reclamo de otra relación con la Naturaleza (Acosta y Gudynas, 2012).

Movimiento social de mujeres

A partir de 1995, de manera particular desde las mujeres indígenas y campesinas empobrecidas, toma fuerza la idea de la Defensa de la Tierra, el cuidado de la semilla, la defensa de los mercados locales y la exigencia de no firmar el TLC con EEUU.

A finales de los 90 se incorporan a la lucha feminista mujeres provenientes del movimiento indígena y los sectores populares. Esta situación hace que se conjuguen tres factores diferentes que tendrán afectación en este ámbito: movimiento de mujeres, movimiento indígena y defensa de la Naturaleza (encuentro entre clase, género, étnia y ecología).
Esta situación es fruto de la confrontación entre dos perspectivas encontradas en la cuestión de género: por un lado el feminismo institucional de entonces y por otro, un nuevo feminismo radical anti-neoliberal. Con la llegada al gobierno del correísmo, se vuelve a reconfigurar el escenario político feminista, saliendo del Estado el feminismo liberal y entrando sectores populares de mujeres al gobierno. La nueva institucionalidad conformada en torno al correísmo busca desarrollar entonces su crítica al neoliberalismo desde la afirmación de la necesidad de que las mujeres accedan a mayores condiciones de equidad en la esfera del desarrollo económico y se empoderen en el sistema político económico dominante.
De esta manera el Estado incorpora en su dialéctica institucional discursos importantes desde la perspectiva de género: economía del cuidado, reconocimiento de las mujeres en sus esferas de opresión, división del trabajo, equilibrio de cuotas, etc. Las instituciones públicas hacen suya una parte importante de la retórica feminista, las cuales se plasman en leyes y documentos institucionales, dándose cabida a la visión de género desde el ámbito institucional. Esta nueva práctica institucional, permite que las mujeres se vean favorecidas en ciertos espacios, aunque es visible también que el trasfondo de dichas políticas se limita a la búsqueda de una mayor capacidad de consumo -empoderamiento económico- dentro del sistema.

El discurso del nuevo oficialismo en materia de genero, se articula sobre la lógica del desarrollismo y los derechos de la mujer, legitimándose contradictoriamente sobre la reafirmación del Estado patriarcal y capitalista, en este caso, con pretensión de que tenga un rostro más humano. Así, asistimos a un modelo que impulsa la reactivación intensiva de la fuerza de trabajo femenina hacia áreas de la economía que van ganando preponderancia de acuerdo al modelo de desarrollo, cuyos incentivos serían el trabajo y ciertas medidas de protección del Estado, las cuales no van a poder detener las derivas estructurales propias del capitalismo patriarcal, ni eliminar el empobrecimiento y la sobre-explotación de las mujeres y de la Pachamama.

Esta situación sigue generando una fuerte tensión entre mujeres y hombres, mujeres y Estado, mujeres y Pachamama; dando pie a la conformación de organizaciones de mujeres y feministas que posicionan su lucha por el Sumak Kawsay y una Economía para la Vida, en confrontación con el neo-extractivismo y por la defensa de la Naturaleza; contexto en el cual se denuncia el empobrecimiento de la población, la contaminación y la destrucción de los recursos naturales de los territorios (Aguiñaga y Flores, 2011).
Es en ese contexto donde se empoderan organizaciones de mujeres que podríamos definir como feminismo radical fuera del Estado, en confrontación con el feminismo social redistributivo con amplias vinculaciones con el Estado o formando parte de este. Destacan en la línea radical organizaciones como Luna Creciente, CONFEMEC, Asamblea de Mujeres Populares y Diversas o las secciones de mujeres organizadas dentro de las estructuras indígenas.

Movimiento obrero 

En la actualidad el Ministerio de Relaciones Laborales desarrolla roles que históricamente fueron destinados al sindicalismo. A través de los funcionarios públicos se resuelven conflictos laborales en los cuales la función del Estado no es la defensa de los puestos de empleo, sino que los trabajadores cobren adecuadamente sus indemnizaciones en caso de despido. Esta situación es perniciosa para las y los trabajadores dado que ha dejado sin defensa adecuada los puestos de empleo.

Reconociendo que el Mandato 8 sobre Tercerización, desarrollado por la Asamblea Constituyente, ha permitido el establecimiento de aproximadamente 500.000 puestos de trabajo que anteriormente estaban tercerizados; y que los incrementos salariales en la era Correa han sido sustancialmente superiores a los de otras épocas, el menosprecio institucional hacia las organizaciones de trabajadores ha derivado en que el respeto al derecho a la Negociación Colectiva brille por su ausencia.
Por su parte, los sindicatos se ven incapaces de afrontar la nueva forma de intervención institucional, mostrándose inútiles a la hora de aplicar estrategias de intervención que les permita recuperar lo que debería ser su rol protagónico en el mundo laboral.

La nueva institucionalidad vigente desprecia el rol organizativo de los sindicatos, considerándolos innecesarios así como herramientas de un mundo que consideran ya superado, el cual se articulaba en el ámbito del conflicto de clases.
Si bien el movimiento obrero ecuatoriano ya había perdido su protagonismo político en el transcurso de los años 80, la ruptura de determinadas centrales sindicales con el régimen ha hecho que en varios sectores haya organizaciones de trabajadores que han retomado cierto dinamismo y protagonismo social.

En la actualidad, fruto de las agresiones gubernamentales sobre los funcionarios públicos, hay acciones dirigidas a construir en el ámbito del sindicalismo crítico una Unión Sindical del Sector Público. Esta nueva estructura sindical pretende agrupar a los sindicados de la administración pública sin discriminación y hacerle frente a la ofensiva de los despidos masivos y la conformación de un nuevo sindicalismo oficialista y no combativo. Por otro lado se desarrollan acciones también dirigidas a unificar sindicatos con el fin de construir una Central Unitaria de Trabajadores. Los sindicatos que mayor incidencia están teniendo en esta propuesta son CEDOCUT y UGTE.

Movimiento ambientalista

Históricamente el modelo de desarrollo dirigido a la explotación de los recursos naturales se ha convirtió en generador de conflictos socio-ambientales. Esta realidad tiene como característica común la degeneración de dinámicas y tejidos sociales locales dado el tipo relación impuesta entre empresa y comunidad, con marcada ausencia del Estado en los territorios afectados, así como los problemas ambientales derivados de la actividad extractiva en dichos territorios, los cuales son sufridos por las poblaciones locales.

Los conflictos socio-ambientales involucran a compañías extractivas, Estado y actores sociales. Entre estos últimos cabe distinguir tres grupos: indígenas, campesinos colonos y organizaciones ambientalistas. A medida que se fortalece la capacidad de organización y movilización de estos actores, se conforma un complejo sistema de alianzas que desde la ética política cumple con la función de legitimación social de la lucha.
De esta manera, mientras el Estado valoriza el derecho público nacional a través de interpretaciones forzadas de los contenidos normativos de la Constitución y las leyes de protección del ambiente; la acción de las empresas valoriza el derecho privado y el libre mercado;y las organizaciones sociales –comunitarias, ambientalistas e indígenas- valorizan el derecho internacional, los derechos colectivos y el Buen Vivir.

En este tablero de juego encontramos dos tipos de alianzas entre los actores implicados. Por un lado, el Estado y las empresas extractivas, buscando el primero sacar provecho de sus recursos, mientras los segundos buscan la obtención de ganancias y ampliación de su área de influencia. Por otro, las organizaciones campesinas, indígenas y ambientalistas, articulan lógicas de protección ambiental, respeto a las comunidades y autodeterminación.
Citando a Marx y haciendo alusión a la histórica extractiva del Ecuador, cabe recordar que “los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos”.[2]

En todo caso, no podemos definir la existencia de un movimiento social organizado en torno a la temática ambiental en el Ecuador. Sin embargo, la conflictividad socio-ambiental cada vez es más relevante a nivel nacional consecuencia de las políticas neo-desarrollistas del régimen correísta.
Las luchas sociales entorno a la problemática ambiental en los diferentes territorios del país son cada vez mayores. Sin embargo, es necesario señalar, que hasta ahora no existe más conexión entre ellas que la presencia generalizada de la CONAIE en estos conflictos y de alguna que otra organización ambientalista, careciéndose de una coordinadora que agrupe a las organizaciones sociales y políticas de carácter nacional y local que pelean por la defensa de los derechos de la Naturaleza.

El hecho de que hasta ahora la mayor parte de los conflictos socio-ambientales se dan en territorio amazónico, responde a que es en la Amazonía donde se encuentran la mayoría de los recursos naturales que están siendo extraídos por transnacionales y compañías estatales, y que en este territorio se da la existencia de alto índice de población indígena, biodiversidad y ecosistemas altamente sensibles y actores políticos no favorables a las posiciones gubernamentales.
El gobierno nacional ha ido desarrollando en los últimos cinco años estrategias con el fin de doblegar a las poblaciones locales a sus intereses, generando clientelismo en territorios y comunidades donde esta práctica política ha formado parte de su historia. De igual manera el Estado ha impulsado políticas rupturistas al interior de las resistencias al proyecto neo-desarrollista, bajo la promesa de brindar apoyos para el desarrollo territorial y repartir los excedentes. Los excedentes petroleros se calculan en este momento sobre los 318 millones de dólares y en el caso del Proyecto Mirador –explotación minera recientemente concesionada a la transnacional ECSA bajo control chino- se ha negociado el anticipo de regalías por un valor de 100 millones de dólares, las cuales serán utilizados con idéntico fin.

Movimiento estudiantil

Aunque su protagonismo social se da en la década de los 70, en la actualidad se mantienen dos estructuras de notable potencialidad: la FESE como representante de los estudiantes de secundaria y la FEUE en el ámbito universitario.
Ambas estructuras estudiantiles han sido fuertemente golpeadas por el oficialismo en los últimos años, aunque mantienen una importante capacidad de movilización, estando sus organizaciones más importantes en la órbita política del MPD.

En términos generales, los movimientos juveniles, ya sean de estudiantes o no, se mantienen como la base para el reclutamiento de militantes activos, con capacidad de articulación común y manejo de Tecnologías Información y Comunicación, y relaciones con movimientos antiglobalización de otras partes del planeta.
El actual proceso de reformas en el sistema educativo y la enseñanza superior hace que esté por verse como se reformulará la capacidad de acción de estas organizaciones. Sin embargo, aun es constatable su capacidad de acción y visibilización, tanto en las temáticas que abarcan estrictamente a su sector como en otro tipo de reivindicaciones de carácter más general.

Movimiento indígena

Partimos de la premisa que a pesar de la crisis que atraviesan las organizaciones indígenas, este sigue siendo el movimiento social más importante del país, y su centralidad es claramente identificable como eje sobre el cual orbitan otras múltiples organizaciones sociales de índole diversa.

El desencuentro entre el régimen correísta y la CONAIE (principal organización del movimiento indígena) se agudizó a partir de la aprobación de la Ley de Minería, lo cual sumado al conflicto en torno a la Ley del Agua, supuso el desenlace de múltiples movilizaciones sociales en los últimos tres años.
En la Sierra Central se visualiza con claridad la existencia de movimientos impulsados desde el gobierno que buscan la división en la ECUARUNARI, columna vertebral de la CONAIE, a través de la captación de líderes históricos y políticas clientelares aplicadas sobre determinadas comunidades.
De forma paralela, la firma de conflictivos convenios de pax social entre el Ministerio Coordinador de la Política y determinadas organizaciones amazónicas muestran la capacidad de incidencia gubernamental sobre algunos dirigentes locales. La gravedad del asunto gira en torno al distanciamiento entre determinadas dirigencias y sus bases, lo cual genera un problema serio para la debida articulación del movimiento indígena en la Amazonía.
Por su parte, la CONAICE (organización indígena de la Costa) posicionada a favor del diálogo con el Gobierno, plantea los Planes de Vida de sus comunidades como la base para el diálogo institucional. Sin embargo hasta la fecha las cuatro nacionalidades (Awas, Eperas,Tsachilas y Chachis) al igual que los tres pueblos (Manta, Huancavilcas y Pucros) que componen la organización no tienen desarrollados dichos planes de vida, limitándose estos hasta el momento al esbozos de líneas teóricas.
A pesar de lo anteriormente descrito, algunos elementos han de considerarse como fortalecedores del momento actual que atraviesa la CONAIE.

Por un lado, la CONAIE se ha involucrado de forma activa en la reconstrucción de una coordinación a nivel nacional de las diferentes luchas emprendidas desde los sectores sociales, condición que dio origen a la exitosa movilización desarrollada entre el 8 y el 22 del pasado mes de marzo. También es destacable la involucración de esta organización en elementos de naturaleza diversa vinculados a aspectos que van más allá de lo que estrictamente podríamos considerar problemáticas del mundo indígena. Un posicionamiento fuerte ante la Onceava Ronda de Negociación Petrolera, la cual tendrá afectación sobre el 100% del territorio de los Andoas, 100% del territorio de los Záparas, 100% del territorio de los Shivias, 93% del territorio de los Achuar, 73% del territorio de los kichwas amazónicos y el 38% del territorio de los Shuar.
La elaboración de una propuesta coherente de Ley de Tierras, contemplando en ella no solo el acceso a esta, sino también el derecho territorial. La reconstitución de los territorios de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, lo que colateralmente significa también recuperar la iniciativa en materia de Circunscripciones Territoriales Indígenas, iniciativa actualmente en manos del ECORAE con escasos avances hasta el momento -a esta iniciativa se incorpora también la CONAICE, posicionando el tema de los CTI también en la Costa-. Reposicionamiento desde los territorios de las reivindicaciones en materia de lengua, cultura y demás derechos asociados. Planteamiento de la nacionalización de las tierras, hay mucho capital extranjero en las tierras ecuatorianas, debate que hasta el momento brillaba por su ausencia. Y recuperación de la iniciativa en torno a Ley de Aguas, situación quedó paralizada tras las movilizaciones del 2009.
La incorporación de organizaciones como la FEINE a la movilización del pasado 22 de marzo en Quito y generación de una agenda común con la CONAIE, así como el descontento generalizado en la FENOCIN consecuencia de la inacción gubernamental en materia de reforma agraria, permiten un panorama alentador para la rearticulación ya en marcha del principal movimiento social ecuatoriano.

Conclusiones

La movilización social es un proceso de organización social que se realiza a través de formas múltiples y mecanismos varios, que busca objetivos plurales, resignificando socialmente las instituciones, los sujetos y la democracia participativa. La movilización en la práctica es la única forma efectiva de participación para diversos sectores sociales, ciudadanía y sus representaciones sociales. Sin movilización estos sectores carecen de mecanismos efectivos para intervenir en aquellos asuntos de los cuales venían siendo excluidos.
Desde esa perspectiva, para un gobierno revolucionario, propiciar condiciones para la movilización social y política de los sectores organizados de la sociedad, debería ser un objetivo institucional en la búsqueda de conformar mayores niveles de autonomía, organización y participación de la población.
Lejos de esta visión, el correísmo se ha caracterizado por domesticar organizaciones sociales, anulando su capacidad de movilización, entendiendo esta como un elemento de desestabilización política.
El resurgimiento de la movilización social aparece como un elemento de presión política a la izquierda del gobierno, lo cual es una novedad en la actual etapa política ecuatoriana. Los movimientos sociales, en especial la CONAIE, han hecho una relectura del contexto político nacional, reformulando sus estrategias de intervención. Se pasa del corte de carreteras y de las acciones locales ha protagonizar movilizaciones en la capital del país, desarrollando estrategias que tienen como objetivo posicionar en el debate nacional los ejes de lucha.
La construcción de una agenda conjunta por parte de los movimientos sociales, tal como es el mandato plurinacional nacido de la Marcha por la Vida, 19 puntos que abarcan desde la oposición a la megamineria hasta el respeto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, hace que estos actores recuperen la esencia de su rol social.
Que el polo político de izquierdas que se está construyendo en torno a la Coordinadora Plurinacional entienda adecuadamente cual es el rol de los movimientos sociales, con la finalidad de no repetir errores del pasado y superar los recelos que puedan existir en estos espacios a ser nuevamente instrumentalizados por poder político, es también fundamental. Esta condición toma especial importancia en un momento político que es coincidente con un período pre-electoral.

La construcción de contrapoder es fundamental para impedir las consecuencias históricas que para el Ecuador ha constituido el uso y abuso del poder. El objetivo central del proyecto político correísta es el monopolio de la vida política, lo cual le ha llevado a pasar de la utilización instrumental de lo popular al desprecio y control sobre todo tipo de articulación social. Para Gramsci, hegemonía es una composición de dominación y dirección, lo cual significa presencia ideológica en la sociedad y el Estado, así como el control sobre la dirección económica (control de los medios de producción). Sin embargo, el correísmo confundió hegemonía con el monopolio de la vida política, si en algún momento se logró lo segundo, está lejos de construir una nueva hegemonía.
En la medida en que Alianza PAIS se ha constituido en máquina electoral y agencia de colocación para sus afiliados en las estructuras del Estado, la organización dejó de ser un espacio de elaboración de un proyecto político en el seno de la sociedad, careciendo de espacios de debate y generación de participación política. En la actualidad el correísmo más que generar debates importantes en la sociedad, los intenta obstruir, tal y como es el caso de la minería a gran escala o el Buen Vivir como elemento de superación del concepto convencional de desarrollo.

El actual momento político que se vive en el planeta ha abierto un debate acerca de la necesidad de transformar las estructuras políticas en organizaciones programáticas, realmente democráticas y no meramente en instituciones cuyo objetivo fundamental es la perpetuación en el poder como un fin en sí mismo. En ese sentido retoma actualidad, si es que alguna vez la perdió, las estructuras sociales como elementos superadores de los partidos políticos estrictamente electorales.

Bajo este criterio, se puede afirmar que sin movilización social no habrá profundización y radicalización en los procesos de cambio, esto se demuestra claramente en la falta de transformaciones estructurales en el modelo de acumulación: en la actualidad, los grupos económicos poderosos nunca estuvieron mejor, y en todo caso los sectores más excluidos nunca estuvieron menos mal.
El rol de los movimientos sociales en la actualidad es constituir contrapesos ideológicos a un modelo socioeconómico que a pesar de sus logros sociales, reproduce y expande un modelo ideológico lesivo respecto al principio del Buen Vivir, los derechos de la Naturaleza y la democracia radical.

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[1]Touraine, Alain. ¿Cómo salir del liberalismo? Editorial Paidos Mexicana. México, 1999. Pag. 55.

[2]Marx, Karl. El 18 Brumario de Luís Bonaparte. 1852. Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena” (CELA). Panamá, 2006.

Segundo turno na França: quem pode tirar voto de quem

Hollande parece estar numa posição melhor do que a de Sarkozy para a disputa do segundo turno no dia 6 de maio. Pode ser que Le Pen venha a apoiar o atual presidente. Mas suas primeiras declarações indicam que pode estar mais disposta a disputar a liderança do conservadorismo com Sarkozy

Tão importante, no segundo turno francês (06 de maio), quanto saber quem pode dar voto a quem, é saber quem pode tirar de quem. Nesses termos, Hollande parece estar numa posição melhor do que a de Sarkozy.

O candidato socialista tirou votos do candidato mais à esquerda, Jean-Luc Mélenchon, na reta final. Uma parte dos que potencialmente votariam neste, no primeiro turno, preferiram votar direto em Hollande, para impulsionar desde já seu favoritismo no segundo. Criou-se um ambiente favorável ao “voto útil” desde já. A estratégia teve sucesso: Sarkozy tinha, como objetivo na reta final, chegar na frente (“mesmo que fosse por um fio de cabelo”, dizia ele) no primeiro turno para dar força à perspectiva de uma reviravolta na rodada final. 

Não conseguiu. Aposta agora em debater até o esgotamento com Hollande até o 6 de maio, pondo suas fichas em seu desempenho espetaculoso diante do mais comedido de Hollande. Há um duplo sentido nisso: de um lado, Sarkozy quer sobressair; do outro, marcaria pontos se conseguisse enfurecer Hollande, fazendo-o sair do sério e cometer deslizes.

Outro ponto a favor de Hollande é o imediato apoio que recebeu de Mélenchon, sem pré-requisitos. Isso vai arrastar para sua votação a esmagadora maioria dos 11% que o candidato das esquerdas recebeu. Um efeito colateral desse movimento seria a contrapartida de projetar Mélenchon como um vetor decisivo no segundo turno, caso a vitória de Hollande se confirme. A esquerda sairia das cinzas (ou das traças) a que está jogada nesta erupção vulcânica da crise financeira européia.

Já do lado de Sarkozy as perspectivas são mais complicadas. Em primeiro lugar porque o maior fator a roubar votos de Sarkozy foi o próprio Sarkozy. Votos que potencialmente seriam seus se dispersaram, uma parte em direção a Le Pen, outra em direção a Bayrou e até mesmo em direção a Hollande, como testemunha o fato de que Jacques Chirac, o ex-presidente conservador, preferiu apoiar o socialista.

Sarkozy se deu mal num país que já teve como presidentes os carismáticos De Gaulle, à direita, e Mitterand, à esquerda. Faltou-lhe manter o “aplomb”, ou seja, o decoro da presidência. Suas incontinências iniciais, comemorando demasiadamente sua vitória anterior com um corte de “mais ricos”, foram-lhe tão fatais, quanto sua falta de coerência final, sassaricando em várias direções, indo desde tornar-se o parceiro menor da dupla Merkozy (coisa difícil para a direita francesa engolir) até rejeitar o apoio da chanceler alemã e entregar-se a arroubos nacionalistas de última hora.

Sarkozy terá de continuar sendo o boneco de molas que foi no primeiro turno, pressionado por ter de captar votos mais ao centro (eleitores de François Bayrou e seu Movimento Democrático – 9%) e mais à direita, os de Marine Le Pen, cujos 18% se dividem entre a direita tradicional, burguesa ou pequeno-burguesa, e um cortejo de neo-desempregados, jovens ou não, devido à crise. Prova disso é que Le Pen saiu-se melhor no nordeste da França, região em processo de desindustrialização, onde tirou o segundo lugar. Também na Bretanha ela saiu-se bem, como na região do Gard, “pays d’oc”, junto ao Mediterrâneo, onde chegou em 1º. Tradicionalmente, nessa região, os socialistas predominavam nas votações. Esses votos podem retornar à casa de onde, eventualmente, saíram.

Pode ser que Le Pen venha a apoiar Sarkozy. Mas num primeiro momento, pelo menos, os 18% que obteve subiram-lhe à cabeça, e por suas declarações iniciais ela parecia mais disposta a disputar a liderança do conservadorismo francês com Sarkozy do que fazer uma união ideológica com este contra a esquerda. Ou seja, sua votação expressiva pode continuar roubando votos de Sarkozy.

Enquanto isso, a Bolsa de Valores de Paris amanheceu na segunda em queda. Paradoxalmente, isso é bom, num primeiro momento, para Hollande, pois é um sinal de que os tão temidos “Mercados” estão de fato temendo a vitória do socialista e sua promessa de rever os acordos fiscais e de austeridade da Zona do Euro.

Do outro lado do Reno, Angela Merkel tem, de fato, razões para se preocupar.

Moradora da Rocinha acusa PMs de abuso sexual e agressão no Rio

A Polícia Civil está investigando denúncia de abuso sexual e agressão cometida por policiais militares do Batalhão de Choque contra uma moradora da favela da Rocinha, na zona sul do Rio. O suposto ataque teria acontecido na terça-feira (17).

A mulher, autora da denúncia, foi presa por furtar a bolsa de outra moradora da comunidade. De acordo com seu depoimento, ela teria sido amarrada por um PM. Em seguida, ainda de acordo com o depoimento, ela acusa outro PM de agredi-la sexualmente e de atingi-la com socos, chutes e golpes com toalha molhada.

Ela foi encaminhada ao IML (Instituto Médico Legal). Um laudo preliminar aponta resultado positivo para lesão corporal e para ato libidinoso diverso de conjunção carnal. A autora das denúncias confessou ter roubado uma bolsa e está presa na carceragem da 14ª DP (Leblon).

No início da noite, a Polícia Militar informou que afastou do serviço os PMs envolvidos na denúncia e determinou a abertura de um inquérito policial militar para investigar o caso.

A CGU (Corregedoria Geral Unificada) da Secretaria de Segurança Pública também participa das investigações. Em nota, a CGU afirma que o secretário de Segurança do Estado do Rio, José Mariano Beltrame, determinou o máximo de rigor nas investigações relacionadas a esse caso.

Antes apontada como principal ponto de vendas de drogas do Rio, a Rocinha está ocupada pela Polícia Militar desde novembro do ano passado para a implantação de uma UPP (Unidade de Polícia Pacificadora).

19 de Abril - Dia do Índio: mais motivos para lamentar do que comemorar

O 19 de abril, Dia do Índio, deveria ser de comemoração, no entanto, a população indígena brasileira não tem muito que celebrar. Passaram-se 20 anos e as terras tradicionais ainda não foram demarcadas, falta assistência nas áreas de saúde e educação, falta respeito à cultura e à tradição indígena, as taxas de assassinatos e suicídios não são baixas. Além disso, persiste a criminalização das lideranças.

Em meio a este conjunto de problemas, Edina Pitarelli, conselheira do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), Regional Norte I, aponta um motivo para celebrar. "Precisamos comemorar a relação carinhosa que os povos indígenas têm com a natureza, a Mãe Terra. Precisamos parabenizá-los por isso, pois sem eles a situação ambiental estaria mais grave”, lembra. Fora isso, Edina afirma que encontra mais motivos para lamentar, já que a situação indígena se deteriora cada dia mais e piorou bastante nos últimos anos.

"Hoje, temos que lamentar o fato de que 50% das terras indígenas ainda não foram demarcadas, o que deveria ter acontecido com todas até o ano de 1992. Temos que lamentar e repudiar a PEC 215, que quer passar do Executivo para o Congresso Nacional a responsabilidade sobre a demarcação de Terras Indígenas e que fere os direitos dos indígenas. Temos que lamentar ainda o modelo de educação que não respeita a forma própria de se organizar dos povos indígenas”, critica.

Segundo Edina, outro problema grave está na área da saúde. A Conselheira revela que nos dois últimos anos a situação piorou consideravelmente. No Vale do Javari, em Atalaia do Norte, município do Amazonas, por exemplo, a população indígena está morrendo por falta de atenção médica. Uma epidemia de hepatite tomou a região e infectou 87,5% da população indígena local.

A assistência à saúde deveria ser dada pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), mas isto não acontece. O Governo Federal está em dívida com os povos indígenas e não vem prestando a atenção devida. A falta de prevenção e controle de algumas doenças permitiu que a malária, a tuberculose e até as verminoses - doença de fácil tratamento - se espalhassem entre adultos e crianças.

A situação ambiental e o investimento em grandes obras, temas discutidos no mundo todo, também afetam diretamente os povos indígenas, que estão vendo suas terras serem ocupadas por empreendimentos como hidrelétricas e minas. Ao reivindicar seus direitos territoriais, líderes indígenas são atacados, criminalizados e até mesmo assassinados, como ocorreu no Mato Grosso do Sul, com o cacique Nísio Gomes, atacado a tiros por pistoleiros em novembro de 2011.

Neste contexto de grandes obras, Edina afirma que uma das grandes demandas dos povos indígenas é a consulta quando houver obras que afetem suas terras.

"Os povos indígenas querem respeito aos seus direitos. Querem que a Convenção 169 da OIT [Organização Internacional do Trabalho] seja cumprida, mas hoje o que se vê é que o Governo ignora totalmente e não leva os direitos em consideração. O Governo Federal, nos dois últimos anos, nem sequer colocou em pauta as questões indígenas, o mesmo acontece no Judiciário. Junto a isso, a força articulada do Legislativo representa uma violência contra os povos indígenas”, critica.

Sobre a data

O Dia do Índio foi instituído por meio do Decreto-Lei nº 5540, em dois de junho de 1943, pelo então presidente Getúlio Vargas. A data 19 de abril foi escolhida para relembrar o primeiro Congresso Indigenista Interamericano, em 1940.

“A economia capitalista está em crise e as contradições tendem a se aguçar”

O professor da Unicamp Armando Boito acredita que o neoliberalismo representa, em todo o mundo, uma ofensiva da burguesia contra os trabalhadores. Segundo ele, para nós da América Latina, representa uma ofensiva das economias imperialistas contra as economias dependentes latino-americanas.

Manifestação contra a ação da PM na desocupação do Pinheirinho, em São José dos Campos (SP) - Foto: João Zinclar

Em entrevista exclusiva ao Brasil de Fato, Boito afirma que o modelo de desenvolvimento brasileiro é neodesenvolvimentista, que é, segundo ele, o programa de uma frente política integrada por classes e frações de classe muito heterogêneas. Para o professor, essa é a frente que sustentou os governos Lula da Silva e que, agora, sustenta o governo Dilma.

“As organizações revolucionárias devem participar criticamente dessa frente porque o seu programa atende apenas de modo marginal e muito restrito os interesses das classes populares”, defende. Boito afirma também que o movimento popular deva levantar a bandeira da independência nacional. Além disso, deve pressionar o governo brasileiro para que ele se coloque contra as sucessivas intervenções militares dos EUA e da OTAN nos países da África e da Ásia.

Brasil de Fato – Como você avalia o atual modelo de desenvolvimento brasileiro?

Armando Boito – Eu penso que o modelo capitalista vigente no Brasil ainda é o modelo neoliberal, embora esse modelo tenha passado por um período de reforma. Essa reforma aparece na política econômica neodesenvolvimentista e nas políticas sociais da década de 2000. Explico. O neoliberalismo representa, em todo o mundo, uma ofensiva da burguesia contra os trabalhadores e, para nós da América Latina, representa, ademais, uma ofensiva das economias imperialistas contra as economias dependentes latino-americanas. Essa dupla ofensiva traduziu-se, como sabemos, em aumento do desemprego, no corte de direitos trabalhistas e sociais, na reconcentração da renda, nas privatizações, na hipertrofia da acumulação financeira, na abertura comercial e na desindustrialização forçada de países da América Latina. Pois bem, embora os governos Lula e, na sua sequência, o governo Dilma não tenham revertido essa dupla ofensiva e tampouco suprimido os seus principais resultados, esses governos moderaram os efeitos negativos do modelo capitalista neoliberal no que respeita às condições de vida da população trabalhadora e no que concerne à proteção do capitalismo brasileiro. A economia voltou a crescer, o emprego e o salário cresceram, o programa de privatização foi contido e, como podemos ver no presente momento, o governo Dilma se esforça por proteger a indústria interna da concorrência dos importados barateados pelo câmbio alto.

Embora o capitalismo neoliberal não tenha sido substituído por um modelo novo, voltado para as necessidades mais sentidas das massas trabalhadoras, podemos observar um contraste entre, de um lado, a situação brasileira e também de vários países latino-americano, e, de outro lado, a situação dos principais países da Europa. Enquanto assistimos a uma nova e forte ofensiva burguesa neoliberal na Inglaterra, na França, na Itália, em Portugal e em outros países europeus com seus governos majoritariamente neoliberais ortodoxos, na América Latina, onde prosperaram os governos de centro-esquerda e de esquerda, o que vemos são tentativas de moderar o capitalismo neoliberal (Brasil e Argentina) ou mesmo de substituir esse modelo (Bolívia, Venezuela). São respostas diferentes para a crise iniciada em 2008.

Como é que você caracteriza o neodesenvolvimentismo dos governos Lula e Dilma?

O neodesenvolvimentismo retoma a velha aspiração desenvolvimentista, mas o faz em condições históricas novas e com ambição menor. O neodesenvolvimentismo é o desenvolvimentismo possível dentro do modelo capitalista neoliberal. Vou destacar cinco diferenças importantes que o distinguem do desenvolvimentismo do período 1930-1980 e que o distinguem, especialmente, da fase em que o velho desenvolvimentismo esteve unido ao populismo entre 1930 e 1964.

O neodesenvolvimentismo, quando comparado ao desenvolvimentismo do século passado,

a) apresenta taxas de crescimento econômico bem mais modestas; b) confere importância menor ao mercado interno, isto é, ao consumo das massas trabalhadoras do país; c) dispõe de menor capacidade de distribuir renda; d) aceita a antiga divisão internacional do trabalho, promovendo uma reativação, em condições históricas novas, da função primário-exportadora do capitalismo brasileiro; e) é dirigido politicamente por uma fração burguesa, a qual nós denominamos burguesia interna, que perdeu toda veleidade de agir como força antiimperialista. Todas essas cinco características, que se vinculam umas às outras, fazem do neodesenvolvimentismo um programa muito menos ambicioso que o seu predecessor e tais características advêm do fato de o neodesenvolvimentismo ser a política de desenvolvimento possível dentro dos limites dados pelo modelo capitalista neoliberal. As taxas menores de crescimento do PIB são as taxas possíveis para um Estado que, para poder rolar a dívida pública, aceita abrir mão do investimento; o papel de menor importância conferido ao mercado interno é decorrente do compromisso político em manter a abertura comercial; a reativação da função primário-exportadora é a opção de crescimento possível para uma política econômica que não pretende retomar as posições que o capital imperialista obteve no mercado nacional; todas as características anteriores desestimulam ou impedem uma política mais forte de distribuição de rendas.

Do ponto de vista político, quais sãs as forças que sustentam esse modelo de desenvolvimento?

O neodesenvolvimentismo é o programa de uma frente política integrada por classes e frações de classe muito heterogêneas, frente essa que sustentou os governos Lula da Silva e que, agora, sustenta o governo Dilma. Essa frente representa prioritariamente os interesses de um setor importante da burguesia brasileira que é a grande burguesia interna.

A burguesia não é uma classe homogênea, ela encontra-se dividida em frações cujos interesses de curto prazo diferem entre si em decorrência das situações distintas vividas pelas empresas no processo de acumulação capitalista (banco, indústria e comércio; grande capital, médio capital; exportação, importação etc.) e em decorrência do perfil da política econômica do Estado. A fração que denominamos grande burguesia interna brasileira é integrada por grandes empresas de variados setores da economia. O que unifica essas empresas é a reivindicação, motivada pela política econômica de abertura comercial e de desnacionalização da década de 1990, de proteção do Estado na concorrência que elas empreendem com o capital estrangeiro. Essa fração burguesa quer o investimento estrangeiro no país, mas pretende, ao mesmo tempo, preservar e ampliar as suas posições no capitalismo brasileiro – é por isso que a denominamos burguesia interna e não burguesia nacional que pode, essa última, assumir posições antiimperialistas. Vê-se que, ao contrário de uma ideia bastante corrente, a chamada “globalização” não fundiu a burguesia dos diferentes países numa suposta burguesia mundial.

Mas essa grande burguesia interna ganhou com o neoliberalismo. É ela a força dirigente da frente política neodesenvolvimentista?

A grande burguesia interna brasileira também ganhou com o neoliberalismo ortodoxo da década de 1990. Teve ganhos com redução dos direitos trabalhistas e sociais, com o desemprego que dobrou o sindicalismo e, ponto importante, aumentou o seu patrimônio com a compra, a preço vil, de grandes empresas estatais. Porém, essa fração burguesa

As classes populares ainda dão apoio aos governos neodesenvolvimentistas de Lula e Dilma - Foto: Roberto Stuckert Filho/PR

acumulou, nesse mesmo período, contradições com aspectos específicos do modelo capitalista neoliberal e passou a reivindicar proteção do Estado para não ser engolida pelo grande capital financeiro internacional – ou seja, passou a reivindicar justamente aquilo que a burguesia condena, em teoria, no seu discurso ideológico. A ascensão de Lula representou, acima de tudo, a ascensão dessa fração da burguesia em disputa com o grande capital financeiro internacional. A priorização dos interesses dessa fração do grande capital pelo Estado brasileiro aparece em inúmeros aspectos da política econômica dos governos Lula e Dilma. Aparece no abandono a frio da proposta da ALCA, na nova política de créditos do BNDES que visa à formação dos chamados “campeões nacionais” para diferentes setores da economia, na inversão da política de comércio exterior da era FHC, visando obter saldos crescentes na balança comercial, na legislação que prioriza as empresas instaladas no país para as compras do Estado e das empresas estatais, na nova política externa que visa fortalecer as relações Sul-Sul e, como estamos vendo neste momento, nas iniciativas do governo Dilma, visando proteger a indústria interna. Pois bem, a grande burguesia interna é a força dirigente da frente política neodesenvolvimentista, ou seja, é essa fração de classe que define os objetivos prioritários e os métodos de intervenção política da frente. O seu objetivo é o crescimento econômico com maior participação das empresas predominantemente nacionais e das empresas estrangeiras aqui radicadas, uma maior proteção do mercado interno e o apoio do Estado para a conquista de mercados externos para a exportação de mercadorias e serviços e também para a expansão dos investimentos das empresas brasileiras no exterior – construção civil, exploração mineral, siderurgia, bioenergia etc.

E você entende que há uma aliança dessa burguesia com as classes populares?

Não exatamente. Como já indiquei, é verdade que o programa neodesenvolvimentista contempla também, ainda que de maneira periférica ou pontual, alguns interesses das classes populares – operariado urbano, baixa classe média, campesinato e a massa empobrecida pelo desemprego e pelo subemprego. Porém, nós estamos utilizando a expressão frente política, e não aliança de classes, para caracterizar as relações que se estabelecem entre as diferentes classes e frações de classe que compõem as bases sociais do programa neodesenvolvimentista porque a unidade entre essas forças é um tanto frouxa e não se baseia em um programa político claro, que tivesse sido assumido, conscientemente, pelas organizações das diferentes classes e frações de classe que integram o campo neodesenvolvimentista. Às vezes e para alguns setores da frente desenvolvimentista as relações se aproximam daquilo que poderíamos denominar uma aliança de classes. Estamos vendo isso agora na ação conjunta das centrais sindicais e do grande empresariado industrial para pressionar o governo Dilma para que tome medidas de proteção à indústria instalada no país. Porém, no plano político e em geral não é assim que se dão as relações entre as forças que compõem o campo neodesenvolvimentista. É por isso que prefiro falar em frente e não em aliança de classes. Mas, tanto na frente quanto na aliança a base é algum tipo de convergência de interesses.

Como é que os interesses populares são contemplados pelo neodesenvolvimentismo?

Entre as classes populares, o crescimento econômico também é bem-vindo. Depois da “década perdida” do reinado tucano, o crescimento é o elemento que une essa frente. Porém, os trabalhadores querem crescimento com emprego de qualidade, com melhoria salarial, com distribuição de terra, enfim, querem que o crescimento favoreça as grandes massas. É nesse ponto que se instaura o conflito entre a força dirigente e as forças subordinadas dessa frente política.

Esse conflito, convém destacar, tem se mantido, contudo, no terreno da luta econômica. No terreno político, quando o neodesenvolvimentismo é ameaçado, as classes e frações de classe que compõem a frente, agem de maneira unitária – aconteceu isso na chamada “crise do mensalão” em 2005 e nas eleições presidenciais de 2006 e de 2010. Em todas essas conjunturas, a grande burguesia interna, por intermédio de suas principais associações, e as classes populares, por intermédio de partidos, movimentos e sindicatos, apoiaram Lula e Dilma contra a oposição dirigida pelo PSDB.

Você entende que as direções dessas organizações populares teriam sido cooptadas pelo governo, como sugerem alguns observadores?

Não, eu não aceito essa análise. Os trabalhadores tendem a apoiar a frente neodesenvolvimentista devido a melhorias reais que obtiveram no emprego, no salário, na política de assistência social (bolsa família, auxílio de prestação continuada) e, no caso dos pequenos proprietários rurais, no crédito agrícola. Tivemos uma recuperação do salário mínimo, embora esse ainda permaneça num patamar baixo quando comparado até com o dos principais países da América Latina. Tivemos, também, uma grande melhoria nas convenções e acordos coletivos de trabalho: ao contrário do que ocorria no início da década de 2000, quando cerca de 80% das negociações salariais resultavam em reajustes inferiores à inflação, nos últimos anos a situação se inverteu – mais de 80% das convenções e acordos estabelecem reajustes acima da taxa de inflação. As condições para a organização e para a luta sindical melhoraram muito. Temos tido aumento real de salários. Os governos Lula e Dilma promoveram também uma política de integração racial, favorecendo a população negra que é uma parte muito importante das classes trabalhadoras. Parte da classe média foi contemplada com a reabertura dos concursos públicos, com a expansão das universidades federais e com as bolsas e financiamentos para o ensino superior. É verdade, contudo, que há setores populares que não ganharam quase nada. Talvez o mais marginalizado pela política neodesenvolvimentista seja o campesinato sem-terra, pois os governos Lula e Dilma reduziram muito o ritmo das desapropriações. Porém, o apoio das direções de organizações populares, das centrais sindicais e de partidos de esquerda aos governos da frente neodesenvolvimentista não é, de maneira nenhuma, um apoio desprovido de base real, ao contrário do que sugere a noção de cooptação, e tampouco tal apoio contraria a aspiração da maior parte das bases sociais dessas organizações.

Da maneira como você expôs, pode parecer que todas as classes sociais participam da frente política neodesenvolvimentista, que ela não teria inimigos na sociedade brasileira.

Não é o que penso. A frente neodesenvolvimentista se bate contra o campo político neoliberal ortodoxo. Esse campo é formado pelo capital financeiro internacional, pela fração da burguesia brasileira perfeitamente integrada aos interesses desse capital e pela alta classe média, cujo padrão de vida se assemelha ao das camadas abastadas dos países centrais. A classe média é muito heterogênea e, como ocorre com a burguesia, também está dividida. A baixa classe média é, em grande parte, base eleitoral do PT, mas a votação dos candidatos do PSDB nos bairros de alta classe média indica claramente que essa última está com os tucanos. Pois bem, a força dirigente desse campo político neoliberal ortodoxo é o capital financeiro internacional e seu aliado interno, a fração burguesa a ele integrada. É o conflito entre a grande burguesia interna e essa burguesia integrada ao capital financeiro internacional, que são as forças dirigentes, respectivamente, do campo neodesenvolvimentista e do campo neoliberal ortodoxo, é esse conflito que se encontra na base da disputa partidária entre o PT e o PSDB.

No que consiste, fundamentalmente, o programa do campo neoliberal ortodoxo?

O programa do campo neoliberal ortodoxo é, fundamentalmente, composto pelo tripé: a) desregulamentação do mercado de trabalho, b) privatização e c) abertura comercial e financeira. Na década de 1990, o campo político neoliberal ortodoxo sustentou os governos Collor, Itamar e FHC e logrou atrair parte do movimento operário e da massa empobrecida. Basta lembrarmos, para o caso do movimento operário, o apoio da Força Sindical a Collor e a FHC e, no que concerne à massa empobrecida, o apelo de Fernando Collor, apelo que se revelou eficiente eleitoralmente, aos “descamisados”, convocando-os para uma luta contra os “marajás”. Na década de 2000, contudo, esses setores das classes populares foram ganhos pela frente neodesenvolvimentista, enfraquecendo eleitoralmente o campo político neoliberal ortodoxo. Esse campo, embora domine a grande imprensa e os meios de comunicação de massa, está eleitoralmente enfraquecido. Hoje, escondem o seu verdadeiro programa e agitam apenas a bandeira “anti-corrupção”. Não ousam mais, ao contrário do que fizeram na década de 1990, expor seus verdadeiros objetivos. Mas, ao que José Serra, Geraldo Alckimin e Aécio Neves realmente aspiram é implantar, no Brasil, uma nova onda de reformas neoliberais, à moda do que estamos vendo na Europa. Basta ver o que dizem os intelectuais e políticos tucanos para o seu próprio público. Nos fóruns e meios de comunicação mais restritos, eles pregam a retomada da reforma trabalhista, da reforma previdenciária e criticam a aproximação do Brasil com os governos de esquerda e de centro-esquerda da América Latina. Nos Estados em que são governo, como em São Paulo, deixam entrever, também, que pretendem recrudescer a repressão contra o movimento popular – a desocupação do bairro do Pinheirinhos em São José dos Campos mostrou isso. O grande capital financeiro e a fração “cosmopolita” da burguesia brasileira querem recuperar o terreno perdido no Estado brasileiro e a alta classe média tucana quer que as massas populares retornem “ao seu lugar”.

Como você analisa as forças progressistas, de esquerda no atual cenário de desenvolvimento?

A política brasileira contemporânea ainda está dividida entre, de um lado, as forças que defendem o modelo capitalista neoliberal na sua versão ortodoxa e propõem uma nova onda de reformas neoliberais e, de outro lado, as forças que apoiam a versão reformada desse mesmo modelo, versão essa criada pelo neodesenvolvimentismo dos governos Lula e Dilma. As classes populares, embora frustradas em muitas de suas reivindicações básicas, ainda dão apoio, sobretudo eleitoral, aos governos neodesenvolvimentistas. Os trabalhadores, com razão, veem nesses governos ganhos econômicos e políticos, sobretudo quando comparados aos governos do PSDB.

Eu já tive uma avaliação diferente dessa questão, mas, hoje, entendo que as organizações revolucionárias e populares devem participar da frente neodesenvolvimentista, embora devam fazê-lo criticamente. Devem participar porque tentar, no presente momento, implementar um programa independente, popular ou socialista, só pode levar ao isolamento político. A experiência da década de 2000 mostrou que em todos os terrenos – eleitoral, sindical ou da luta popular – as forças que tentaram esse caminho se isolaram ou, pior ainda, acabaram se aproximando, apesar de suas intenções, de forças conservadoras. Alguns descobriram, para a própria surpresa, que estavam recebendo apoios e aliados muito incômodos.

Mas essas organizações poderiam alegar que quem integra a frente neodesenvolvimentista está aliado permanentemente a forças conservadoras.

Se alegassem isso, estariam dizendo apenas parte da verdade. No Brasil, dentre os grandes partidos, há apenas dois que me parecem orgânicos: o PT e o PSDB. Representam interesses definidos e têm uma linha de atuação coerente. Porém, o pluripartidarismo brasileiro criou espaço para partidos que possuem, principalmente, uma função, digamos assim, governativa, e não uma função representativa. O maior deles é o PMDB. Esse partido apoia, dentro de certos limites, o governo do momento e o faz em troca de vantagens para seus políticos profissionais. Os limites são os seguintes: o PMDB não apoiaria um governo popular ou socialista e tampouco, pelo menos nas condições atuais, um governo fascista. Mas, no interior desse amplo espectro, eles podem apoiar qualquer governo. A sua base eleitoral está adaptada a esse governismo. Ela tem uma posição de centro, que aspira a governos estáveis, e que pode aceitar mudanças pontuais desde que ocorram sem abalar as instituições do regime político vigente. Pois bem, isso significa que o PMDB desempenha, hoje, uma função política distinta daquela que ele desempenhou quando ofereceu o seu apoio aos governos neoliberais ortodoxos. E o papel político é mais importante que o partido ou as pessoas. Ademais, na forma como eu vejo a participação na frente, participação que deve ser crítica, as forças populares e socialistas não estão desobrigadas de fazer a crítica a forças conservadoras que ocupam cargos no governo. As recentes substituições nos ministérios do governo Dilma mostram que a esquerda poderia ousar muito mais nessa matéria.

Você ia, justamente, definir o que você entende por essa participação crítica.

É isso. As organizações revolucionárias devem participar criticamente dessa frente, porque o seu programa atende apenas de modo marginal e muito restrito os interesses das classes populares.

Participar criticamente significa, em primeiro lugar, não abrir mão das bandeiras populares, mesmo que isso crie conflitos no interior da frente. Eu me refiro, é claro, à luta por melhoria salarial e por melhores condições de trabalho, isto é, para que os frutos do crescimento econômico sejam repartidos. Mas, não se trata apenas dessa luta. Dou alguns exemplos referentes a lutas que estão na ordem-do-dia. Independentemente da posição do governo, não podemos abrir mão da bandeira histórica da reforma agrária e da ocupação de terra. Na questão democrática, a luta pela punição dos torturadores do período da ditadura militar está novamente colocada, sejam quais forem a composição e as intenções da Comissão da Verdade. As manifestações recentes defronte as residências e empresas de conhecidos torturadores – os chamados escrachos – são muito importantes nesse sentido. O movimento popular deve, também, levantar a bandeira da independência nacional. Deve pressionar o governo brasileiro para que ele se coloque contra as sucessivas intervenções militares dos EUA e da OTAN nos países da África e da Ásia.

Em segundo lugar, a participação crítica na frente neodesenvolvimentista significa que é preciso fazer a crítica dos aspectos regressivos dessa política de desenvolvimento. A reprimarização da economia brasileira, a esterilização de um terço do orçamento da União para a rolagem da dívida pública, os prejuízos ambientais e muitos outros aspectos antinacionais e antipopulares do atual modelo devem ser criticados pelos setores populares que participam criticamente da frente. É preciso ter claro o seguinte. A grande burguesia interna depende do voto dos trabalhadores para manter os governos neodesenvolvimentistas e nem por isso essa burguesia abriu mão de lutar por seus interesses mesmo quando isso fere os interesses dos trabalhadores. As associações empresariais estão pressionando o governo para que esse reduza os gastos públicos – os gastos com os trabalhadores, mas não com a rolagem da dívida pública ou com os empréstimos subsidiados do BNDES, poderiam acrescentar – e para que efetue reformas que reduzam o custo do trabalho. Não serão, então, as organizações dos trabalhadores que irão abrir mão de seus objetivos específicos para ganharem nota de bom comportamento no interior desse “frentão”.

Eu penso – e esse não é um mero chavão – que as contradições tendem a se aguçar. A economia capitalista neoliberal está em crise na Europa. As forças populares não podem arriar suas bandeiras nem abrir mão da crítica, porque, caso contrário, poderão ser surpreendidas por uma eventual implosão da frente neodesenvolvimentista e se verem sem proposta própria para seguir em frente.