"Los industriales ponen deliberadamente en peligro a los obreros"

Un investigador que rechaza la Legión de Honor es raro. Es el caso de Annie Thébaud-Mony especialista en cánceres profesionales. Ella alerta desde hace treinta años de las epidemias de cánceres de los obreros. En vano. (Traducido por Carmen García Flores).

Annie Thébaud-Mony, de 68 años, es directoria honoraria de investigación en el Instituto Nacional de la Salud y de Investigación en Medicina. A finales de julio ha rechazado la Legión de Honor que Cécile Duflot, ministra de Igualdad de los territorios y de Vivienda quería concederle. En una carta dirigida a la ministra, la investigadora en cuestiones de salud ha publicado que es especialista en enfermedades profesionales y ha explicado que con su rechazo quiere denunciar “la indiferencia” de la que, según ella, es objeto la salud laboral y la “impunidad” de los “crímenes industriales”. Y ha añadido aún más.

Terra eco: Se le ha propuesto la Legión de honor para coronar su carrera. Usted la ha rechazado, ¿por qué?

Annie Thébaud-Mony: Habría, desde mi punto de visto, una cierta indecencia al ser condecorada después de llevar treinta años trabajando sobre la muerte laboral, en la que he dado la señal de alarma sobre la situación en la que trabajan los obreros, los peligros que corren para su salud, los peligros industriales a los que son expuestos, sin que se hayan producido mejoras reales en sus condiciones laborales. Las recomendaciones que yo había hecho no han sido tomadas en cuenta por los poderes públicos.

Y en tantos años, ¿no ha habido avances?

Hace quince años que el amianto ha sido prohibido en Francia. Se pensaba que se sumaría la prohibición de otros productos industriales cancerígenos, pero no ha sido así. Por lo tanto, los industriales saben que ciertos productos que obligan a sus empleados a utilizar son peligrosos y que las condiciones de trabajo son patógenas. Es una exposición peligrosa deliberada de la vida ajena. Por tanto, las modificaciones del derecho del trabajo protegen más a los industriales y a los empleadores que a los asalariados.

¿Tiene algunos ejemplos?

El cuadro 57 de enfermedades profesionales del régimen general de la Seguridad Social enumera la mayor parte de los problemas músculo-esqueléticos (PME). En el año 2009, una revisión del cuadro ha endurecido los criterios de reconocimiento de los PME y por lo tanto también la indemnización de los asalariados. ¿Deben trabajar hasta que queden impedidos? En lo concerniente a la exposición de los asalariados a los cancerígenos, ninguna medida se ha llevado a cabo a pesar de las alertas. En Montluçon (Allier) por ejemplo, la fábrica Adisseo que produce la vitamina A de síntesis para la alimentación animal, utiliza desde los años noventa un cancerígeno potente, el cloracetal C5 (leer la encuesta del Instituto Nacional de Inspección Sanitaria (INVS). Hace menos de diez años que la introducción de esta molécula aparece en la cadena de producción, y varios asalariados han desarrollado cáncer de riñón. A pesar de que existen productos alternativos que permiten crear la vitamina A sin usar el cloracetal C5, la empresa no quiere ni hablar de ello porque estos cambios en su línea de producción serían costosos. Y los trabajadores están siempre expuestos. Esto es un crimen industrial.

En su conjunto, ¿los asalariados franceses trabajan en buenas condiciones?

No. En los sectores de la química, la petroquímica, el automóvil, de la metalurgia o de las nucleares, las condiciones de trabajo son a menudo muy nocivas. No tanto en la fase de producción, porque las medidas de confinamiento son sobre todo eficaces y muchos procesos son automatizados, como en la fase de mantenimiento, en la que la limpieza y la gestión de residuos. En estas fases, los asalariados son directamente expuestos a productos cancerígenos.

La encuesta Sumer de 2009 del Ministerio del Trabajo sobre la exposición a los riesgos profesionales ha evaluado a 2,4 millones de asalariados (es decir el 13,5% de los asalariados, de los que el 70% son obreros, nota de la redacción) los que habían sido expuestos, la semana precedente a la encuesta, a al menos 25 cancerígenos listados. Pero esta evaluación es mínima porque existen varios centenares de cancerígenos que no han sido tenidos en cuenta en la encuesta. De igual manera que no se han tenido nunca en cuenta los productos utilizados en la degradación de un proceso industrial: los humos de combustión, los polvos, los disolventes de pinturas que se convierten volátiles cuando se limpian los aviones, por ejemplo.

Entonces, la directiva europea Reach ¿no sirve para nada?

No está vacía de sentido porque ha introducido un principio: los industriales tienen que hacer pruebas de no toxicidad del producto que vayan a utilizar. Pero hay un retardo abismal. Sólo algunas decenas de productos son examinados y ninguno ha sido prohibido en esta etapa.

¿Hay una epidemia de cáncer entre los trabajadores?

Sí, hay un agravamiento de las desigualdades frente al cáncer. En 1980, un obrero tenía cuatro veces más riesgo de morir de un cáncer antes de los 65 años que un mando superior. En el año 2000 ¡hay diez veces más! Y estos cánceres están unidos a la exposición, en el lugar de trabajo y sobre un largo periodo de tiempo, a múltiples cancerígenos, y no a especificidades biológicas.

Entonces, los riesgos aumentan a pesar de que también aumenta el conocimiento sobre estos riesgos. ¿Esto no es una paradoja?

Sí. Y también tiene lugar el hecho de que los obreros no tienen elección. En numerosos sectores, el modo de funcionamiento dominante es la subcontrata del trabajo, con subcontrata de los riesgos. En la industria nuclear, el 90% del trabajo de mantenimiento se hace por empresas subcontratadas en las que los empleados soportan del 80% al 90% de exposición a las radiaciones ionizantes en unas condiciones de trabajo catastróficas. Se les exige una gran flexibilidad, una movilidad geográfica forzada. Sus condiciones de intervención se agravan, su trabajo se intensifica. Para respetar los plazos cada vez más cortos, pueden encadenar hasta 20 horas dentro de un edificio reactor nuclear. No solo se pone en peligro su salud sino también la seguridad de las instalaciones nucleares. Cuando se piensa en las nucleares se habla de riesgos de accidentes -presentes por este modo de funcionamiento- pero no se piensa nunca en las decenas de millares de asalariados sacrificados de este sector, de los que un cierto número de ellos en edades comprendidas entre los 45 y los 55 padecen de cáncer.

¿Los poderes públicos han abdicado?

Los industriales se burlan de ellos, pues a pesar de las preconizaciones de los científicos, ponen constantemente en duda los peligros que sus empleados corren. Y tienden a presentar estos peligros profesionales como inevitables y normales. Lo cual es falso. Cuando hay un accidente de trabajo, se indemniza -muy mal, por otra parte- sin examinar la causa del peligro industrial responsable del accidente.

El desarrollo de los materiales llamados verdes ¿va a suponer una mejora en las condiciones laborales?

Sí, si esto se acompaña con la utilización de materiales más verdes. Pero queda el problema de fondo de la subcontratación de asalariados y de las instituciones representativas del personal que sistemáticamente son silenciadas en las empresas de subcontrata. El principal utensilio para la mejora de las condiciones laborales es la información a los asalariados de los peligros que corren. Esto es el sentido de la reforma del derecho al trabajo que tuvo lugar durante el mandato de Mitterrand pero que no ha surtido efecto.

Entrevista con Annie Thébaud-Mony, especialista en cánceres profesionales

Natura é condenada por demitir trabalhadoras doentes

Sentença de primeira instância determina o pagamento de indenizações para 10 ex-funcionárias da empresa e a reintegração de outras duas. A Natura já recorreu da decisão

A empresa de cosméticos Natura foi condenada pela Justiça do Trabalho ao pagamento de indenizações para 10 ex-funcionárias e a reintegrar outras duas. Elas fazem parte de um grupo de 33 trabalhadoras que, apesar de apresentarem o quadro clínico de Lesão por Esforços Repetitivos / Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (LER/DORT) e estarem em tratamento médico, foram demitidas pela Natura em 2010.

A sentença emitida pela Vara do Trabalho de Cajamar (SP) é de primeira instância, e a Natura já recorreu da decisão. Existem, ainda, outras ações tramitando na Justiça do Trabalho contra a empresa pelo mesmo problema.

A doença foi adquirida pelas funcionárias em decorrência do trabalho executado na empresa. Em uma das sentenças, o juiz do Trabalho Richard Wilson Jamberg reconheceu que as condições de trabalho na unidade onde as ex-funcionárias estavam alocadas eram inadequadas, “não existindo rodízio, com cobrança de ritmo de produção, sem pausas, com condições ergonômicas insatisfatórias e inadequadas”.

De acordo com a sentença, a responsabilidade pelos danos à saúde das trabalhadoras é da Natura. “Ao não proporcionar um ambiente plenamente saudável a seus empregados, assume o empregador os riscos de ter que arcar com todas as consequências que possam resultar de tal situação”, explicou o juiz.

Histórico

O Sindicato dos Químicos Unificados defende que a demissão das trabalhadoras foi ilegal, porque feriu a garantia de tratamento durante o período em que o trabalhador estiver doente, que está assegurada na cláusula 17ª da Convenção Coletiva dos Trabalhadores Químicos e Plásticos.

As trabalhadoras dispensadas estavam em processo de reabilitação profissional. Grande parte delas estava com cirurgia programada e trabalhava em linhas de produção específicas, criadas para aqueles que estavam em recuperação. Após a demissão do grupo, uma das linhas foi desativada.

Na época das demissões, a Natura alegou em nota encaminhada ao Brasil de Fato que houve “o desligamento de 33 colaboradores de suas fábricas de Cajamar por falta de comprometimento”. De acordo com a empresa, as trabalhadoras utilizavam a reabilitação para “justificar comportamentos inadequados”.

No entanto, laudo médico expedido pelo médico do trabalho, doutor Roberto Carlos Ruiz, confirmou que as trabalhadoras adoeceram ao exercer suas funções nas linhas de produção da Natura. “Pela minha avaliação profissional, a maioria é portadora de doenças compatíveis com moléstia músculo-esquelético, relacionadas ao trabalho, como bem reconhece a própria empresa, conforme abertura de CAT para a maioria”, informa o médico em nota do sindicato.

O sindicato afirma que, por conta do ritmo de trabalho, da pressão por produção, e da falta de atenção por parte da empresa, é cada vez maior o número de trabalhadores doentes na Natura.

As doenças ocupacionais são regulamentadas pela Lei 8.213 de julho de 1991, que, além do tratamento, garante a estabilidade profissional de 12 meses após a doença. As trabalhadoras da Natura ainda estão doentes, por isso, não poderiam ter sido demitidas, de acordo com o sindicato.

Logo após a dispensa, o sindicato encaminhou uma carta à empresa pedindo a reversão das demissões, que foi negada. A partir daí, foi iniciado um período de denúncia pública da situação vivida pelos trabalhadores da Natura. Uma comissão foi até Brasília (DF), no dia 15 de dezembro de 2010, e entregou um dossiê com denúncias contra a empresa para parlamentares e representantes do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Como resultado, o grupo obteve a garantia de que as denúncias seriam investigadas.

Outras ações serão realizadas pelas trabalhadoras e o sindicato, a partir deste primeiro parecer da Justiça do Trabalho contrário à Natura. “É importante mostrar para a sociedade que a Natura não é uma empresa diferente das outras. Apesar de toda a propaganda, ela também visa somente o lucro e não se importa com a saúde de seus trabalhadores”, afirma em nota o dirigente sindical, Paulo Soares. (com informações do Sindicato Químicos Unificados)

Privatizações e Embrapa

Segundo o novíssimo dicionário petista da negação da história, dos fatos da vida e dos compromissos programáticos, conceder não é privatizar. Concessão é uma coisa, privatização outra, dizem 

O Partido dos Trabalhadores, o glorioso e inefável PT, reintroduz, em grande estilo, aos usos e discursos políticos, um dos piores defeitos do caráter pátrio: o emprego do eufemismo, essa figura de linguagem ou recurso estilístico que serve tanto para encobrir o preconceito, racial ou de classe, como para dissimular, para trapacear e ocultar com nuvens róseas a verdade dos fatos.

Eufemismo que transforma os negros em “morenos”, porque “negro”, para os nossos burgueses bem postados e bacharéis de anel de rubi, é uma idéia pouco agradável, já “moreno” suaviza a rejeição. Eufemismo que transforma os trabalhadores, os pobres, os explorados em geral em “menos favorecidos pela sorte”; as escravas domésticas em “secretárias”; os ladrões do dinheiro público em “supostos” assaltantes do erário; os bicheiros e contraventores em “empresários de jogos”; os especuladores em “investidores”; a lavagem de dinheiro em “engenharia financeira”; os empregados miseravelmente assalariados dos supermercados em “colaboradores”. E patrões em “colegas de trabalho”, como os nossos jornalistas tratam os Marinho, os Civita, os Mesquita, os Frias, segundo a observação demolidora de Mino Carta.

Pois bem, eis que o já citado glorioso e inefável Partido dos Trabalhadores oferece a sua prestimosa ajuda para a coleção de eufemismos que disfarça, distorce, empana a crueza da realidade nacional. Segundo o novíssimo dicionário petista da negação da história, dos fatos da vida e dos compromissos programáticos, conceder não é privatizar. Concessão é uma coisa, privatização outra, dizem.

De que a semântica não é capaz!

Por seis vezes, não por uma, duas ou três, mas por seis vezes, apoiei e trabalhei pelo candidato do PT à presidência da República. No Paraná, nos meus dois últimos mandatos, governei em aliança com o PT. Nesta Casa, sou da base do Governo Dilma.

Isso, no entanto, não me impede, não me inibe ou me descredencia a deplorar não apenas as desculpas piedosas ou a falta de originalidade nas explicações e as tentativas de trapacear a verdade, não apenas isso, mas sobretudo o fato em si; isto é, as privatizações. E elas são o que são: privatizações, sem rebuço, sem disfarce, cruamente, verdadeiramente privatizações.

E eu sou contra.

Há uma anedota, que o decoro parlamentar impede-me de contar, sobre a mecânica das concessões e das parcerias público-privadas. Quem participa com o que.

Caso eu tivesse alguma dúvida, ela se dissolveria lendo as entusiasmadas, e até poéticas, ao seu estilo, declarações do senhor Eike Batista, saudando as concessões anunciadas pelo presidente Dilma. O senhor Batista, bilionária criação de outras concessões petistas, parecia surfando nas nuvens, de tão deleitado.

O discurso é o mesmo de sempre. A velha história da falta de recursos para tocar as obras de infra-estrutura; a diminuição do tamanho do Estado; a eficiência da iniciativa privada; o combate ao desperdício e à corrupção e lorotas da espécie.

Houve um momento, lá no passado, que imaginei que o PT aprendera as lições das concessões-privatizações empreendidas pelos tucanos. Por exemplos, a concessão das ferrovias a ALL et alia, hoje um caso de polícia segundo o TCU e o Ministério Público; a concessão de rodovias, com a imposição de tarifas de pedágio abusivas, transformando as concessionárias em sócios indesejados dos agricultores, dos industriais e dos caminhoneiros; a concessão, em várias partes do país, dos serviços de energia elétrica e de saneamento, com a acentuada piora desses serviços ao mesmo da elevação vertiginosa das tarifas.

Lá no Paraná, parte da empresa pública de saneamento, a Sanepar, foi privatizada. Embora minoritário, o sócio privado assumiu a gestão da empresa que, com todas as letras, sem qualquer pejo ou escrúpulo, decretou que a prioridade da Sanepar passava a ser o lucro dos acionistas. E tome aumenta de tarifas. Quando assumi o governo, em 2003, congelei as tarifas de saneamento e as mantive congeladas por oito anos, sem prejuízo para a saúde financeira da empresa, o que dá uma idéia do quanto eles inflaram o preço da água e do esgoto para remunerar o sócio privado.

No capítulo das concessões e privatizações brasileiras temos ainda dois ingredientes típicos dos negócios público-privados: o financiamento das privatizações e os contratos de concessão.

Como se sabe, o Estado privatiza porque não tem dinheiro para tocar obras de infra-estrutura ou comandar os setores de energia, saneamento e comunicações. Mas como os candidatos às concessões e privatizações também não tem dinheiro para arrematar as ditas nos leilões, não há problema: o Estado empresta o dinheiro para que a iniciativa privada compre aquilo que Estado não tem dinheiro para tocar.

Não é piada, não estou aqui usando a navalha de Occam para reduzir ou simplificar as coisas. É assim mesmo que funciona, porque como ensinava o bom frade já lá no distante século 14, a explicação mais simples geralmente é a correta.

O BNDES e os fundos de pensão da Petrobras, do Banco do Brasil e da Caixa também não me deixam na mão e assinam minhas afirmações com os tantos bilhões de reais “investidos” nas concessões e privatizações.

Modelozinho interessante, não acham, senhoras e senhores senadores?

Outro ingrediente distintivo, característico desse modelo são os contratos de concessão. Os concessionários de ferrovias e rodovias, para citar, assumem compromissos de extensão e duplicação das estradas, construção de viadutos, túneis, elevados, passarelas. Mas fazem o mínimo possível. Só arrecadam e não há quem os puna pelo contrato não cumprido. A intangibilidade das concessionárias é uma cláusula não escrita dos contratos, mas nem por isso deixa de ser obedecida com fervor pelas agências reguladoras.

O caos na telefonia celular só recebeu a atenção da Anatel porque os abusos foram muito além daquele “índice de abuso” que a agência julga tolerável.

Senhoras e senhores senadores.

Na virada da década de 80, e desta para os anos 90, vimos o ascenso, que parecia inelutável, do neoliberalismo. Tal qual na porta do inferno de Dante,também gravara-se gravara nos caminhos dos povos: “Abandone toda a esperança aquele que aqui entrar”.

Assim, vimos, com tristeza e dor, as velhas correntes social-democratas e socialistas moderadas na Europa, na Ásia, nas Américas cederem, capitularem diante da arremetida dos novos bárbaros. Mas não no Brasil. Aqui, o PT parecia resistir à galopada dos godos e visigodos.

Por isso tudo, houve um momento que imaginei que o PT seria firme, intransigente, no repúdio às concessões e privatizações, especialmente as concessões e privatizações à moda tucana.

Enganei-me.

Quando reptados pela oposição, especialmente pela aguerrida bancada do PSDB, o PT reparte-se em dois.

Há aqueles que batem no peito e ufanam-se: Evoluímos! Avançamos! E comemoram o retrocesso com o fervor dos apóstatas.

Há aqueles que se refugiam na semântica e, de forma até mesmo divertida, cômica esforçam-se para provar que o lobo é uma inocente e cândida ovelha.

Assim, sem oposição, já que toda a mídia atua no coro nas privatizações, e a elas não se opõem sequer partidos ditos de esquerda ou progressistas como o PCdoB, o PSB e o PDT, sem oposição, o Governo reedita um dos cânones da desgastada e desmoralizada cartilha neoliberal.

Mas a “evolução”, o “avanço” do PT e de nosso Governo Federal não para por aí. Animem-se privatistas, anime-se mercado, regozijem-se transnacionais, que vem mais.

A Embrapa corre perigo

Uma idéia que não é de hoje, progride, sem muito alarde nesta casa: a privatização da Embrapa. De novo o eufemismo. Dizem que não é privatização, que é abertura de capital. De novo a alegação de sempre: a Embrapa não tem recursos, vamos captar os recursos no mercado, abrindo o capital da empresa.

Não é preciso mais que dois neurônios para saber que “mercado” é esse que vai se apropriar de boa parte da empresa. Esse “mercado” chama-se Monsanto, Syngenta, Bayer, Cargill, Dow Agro, Ciba-Geigy, Sandoz, as gigantes transnacionais do setor que monopolizam a pesquisa e a produção de sementes, defensivos agrícolas, biogenética e atividades do gênero.

Pergunta a agrônoma e especialista em biodiversidade Ângela Cordeiro: “ “Considerando a importância da inovação e pesquisa na agricultura para um Brasil sustentável, sem fome e sem miséria, o que esperar de uma empresa de pesquisa cuja agenda venha a ser orientada pelos desejos da Monsanto, Syngenta, Bayer?

Segundo ela, se, hoje, já é difícil incluir na pauta de pesquisa da Embrapa temas como a agricultura familiar e agroecologia, imagina o que vai ser com tais sócios. Para ela, a abertura do capital da Embrapa e o inevitável redirecionamento de suas pesquisas caminham na contramão do programa do Governo Dilma, que diz priorizar a segurança alimentar e o combate à fome no país.

Com toda certeza, aduz-se, a Monsanto e quetais não estão propriamente interessadas no dístico “país rico é país sem pobreza”, sem fome, sem deserdados da terra e sem terras.

A agrônoma Ângela Cordeiro alerta para outro risco da abertura de capital da Embrapa, enfim, de sua privatização: a apropriação privada de recursos genéticos depositados no fabuloso, riquíssimo Centro Nacional de Pesquisas Genéticas e Biotecnologia, o CENARGEM.

O acervo do CENARGEM e os bancos dos demais centros de pesquisas da vão se tornar propriedade dos acionistas privados? Tudo o que acumulamos em dezenas de anos de pesquisas, com investimentos públicos, com o suado dinheiro de cada brasileiro, tudo isso vai ser entregue de mão beijada para a Monsanto et caterva?

Ou alguém é ingênuo ao ponto de achar que as sete irmãs que dominam a produção de sementes e dos chamados, eufemisticamente, “defensivos agrícolas” vão associar-se à Embrapa sem a intenção de botar a mão grande em uma dos mais fantásticos acervos de pesquisas agropecuárias e florestais do planeta Terra?

O jornalista Leonardo Sakamoto, reproduziu esses dias em seu blog, o “Blog do Sakamoto”, o alerta de um outro jornalista, Xavier Bartaburu, sobre o desaparecimento do mapa do mundo, a extinção mesmo, de cerca de 800 alimentos, dezenas deles no Brasil.

Não são apenas animais e florestas que correm riscos. Os alimentos também. Alimentos tradicionais, que fazem parte da história, da vida, da cultura de povos e que garantem a subsistência de centenas de milhões de pessoas correm o risco da extinção.

Mesmo que aos trancos e barrancos, e graças à teimosia de alguns pesquisadores, a Embrapa tem ajudado a preservar os alimentos tradicionais. Essa resistência, é líquido e certo, cessará com a privatização da empresa. Afinal que interesse a Monsanto, a Syngenta, a Bayer teriam no umbu, nas frutas do cerrado, no baru, no berbigão, nas quebradeiras do babaçu do Maranhão, nos índios produtores do guaraná nativo, no caranguejo aratu dos manguezais do Sergipe, só para citar alimentos brasileiros na lista de risco, listados pelo jornalista?

Certamente o mesmo interesse que o mercado tem pelo destino da ararinha-azul. Afinal, o que o mercado quer é a transformação do planeta em uma imensa plantation, com soja, milho, algodão, de preferência tudo transgênico.

Privatizar a Embrapa –ou como tentam amenizar os pregoeiros, “abrir o capital da empresa”– sob a alegação de falta de recursos para pesquisas é mais um desses manjados argumentos de que abusam os liberais todas às vezes que cobiçam um naco de uma empresa pública.

De todo modo, faço fé na resistência da diretoria da Empraba e de seus pesquisadores e funcionários. É uma trincheira em que vale a pena combater.

Senhoras e senhores senadores, assim caminha o Brasil; ou melhor, assim retrocede o Brasil.

O economista Paul Krugman, analisando a proposta de cortes de gastos e de responsabilidade fiscal oferecida aos Estados Unidos por Paul Ryan, candidato a vice-presidente na chapa de Mitt Romney, conclui: “Parece piada, mas desgraçadamente, não é piada”.

Plagio o Nobel da Economia ao ver esse hilariante debate entre petista e tucanos sobre concessões e privatizações: “Parece piada, mas desgraçadamente, não é piada”.

Roberto Requião

200 MIL PESSOAS EM MARCHA PELA EDUCAÇÃO NO CHILE

Em meio a greve nacional, os chilenos foram novamente às ruas da capital Santiago, para exigir educação pública, gratuita e de qualidade. A marcha pacifica acabou com repressão policial. 

Santiago do Chile, 28 de agosto de 2012. Cerca de 200 mil estudantes secundários, universitários, organizações sociais e trabalhadores marcharam pacificamente pelas ruas de Santiago em uma das jornadas mais importantes e massivas deste ano.

A mobilização é um marco da greve nacional com a exigência de uma educação pública, gratuita e de qualidade. No final da marcha, a policial chilena usou seu potencial repressivo contra os manifestantes com carros lança-água, bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha. Ao todo, 200 pessoas foram detidas, muitas delas menores de idade.

Chilenos organizam protestos em defesa da educação pública no país

Organizações não governamentais, entidades sindicais e movimentos sociais realizarão, nesta terça-feira (28), manifestações contra a mercantilização da educação; no Chile, não há ensino universitário gratuito

Mais de 100 organizações não governamentais (ONGs), entidades sindicais e movimentos sociais preparam, para esta terça-feira (28), uma série de protestos em defesa de mudanças do sistema educacional no Chile. 
Com as manifestações, os chilenos pedem o fim da manutenção do ensino privado, acesso gratuito às universidades públicas e mais vagas na educação básica. A concentração dos protestos será em Santiago, capital do Chile.   
As manifestações contra o presidente Sebastián Piñera e o sistema educacional no Chile começaram em 2010, quando ele assumiu o governo. Piñera chegou a apresentar uma proposta de reforma na educação, mas as entidades estudantis a rejeitaram.
O movimento intensificou os protestos neste mês de agosto. No dia 9, cerca de 100 mil estudantes e professores foram às ruas da capital chilena. Os estudantes bloquearam diversas ruas e ergueram barricadas. No dia 23, milhares de estudantes realizaram mobilizações em Santiago. 
A manifestação desta terça-feira marcará um mês de protestos massivos. O presidente do Colégio de Professores (o equivalente ao sindicado da categoria no Brasil), Jaime Gajardo, disse que a ideia é reunir representantes de toda a sociedade civil. Além disso, segundo ele, estão previstas manifestações para o mês de setembro.

Sistema educacional
Nesta segunda-feira (27), uma bandeira foi colocada em frente à Universidad de Chile, a principal do país, com os dizeres: “educação pública gratuita e de qualidade”.
No Chile, não há ensino universitário gratuito. As universidades públicas são pagas, geralmente através de programas de financiamento, que resultam no endividamento dos estudantes. Nas universidades particulares, o ensino é de má qualidade e as mensalidades são caras. Além disso, falta fiscalização por parte do governo nas instituições privadas.
Entre as propostas de reforma do sistema educacional apresentadas pelo presidente chileno em respostas às manifestações dos estudantes, há o aumento de bolsas de estudo, redução de 6% para 4% das taxas de crédito solidário e aumento dos investimentos governamentais na educação. Atualmente, o país investe 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) na educação superior, enquanto o setor privado investe 1,5% do PIB. 
No entanto, para os estudantes as mudanças são insuficientes. Na avaliação deles, esta foi uma tentativa do governo de dividir o movimento estudantil. Para os professores, a melhor forma de lidar com o impasse seria o governo adotar um modelo de educação gratuita.

Montadoras ganham novo 'mimo' do Governo

Informa a imprensa que, na avaliação da equipe econômica, "apesar do recorde de vendas em julho, o setor ainda mantém estoque elevados". Para não deixar seus amigos burgueses na mão, então, o governo continuará deixando de arrecadar.

O "mimo" ainda tem um "plus": para evitar queda nas vendas deste fim de semana, o anúncio oficial da prorrogação somente ocorrerá na próxima semana. Afinal de contas, as montadoras estão usando da máquina publicitária para estimular o consumismo dizendo que o benefício está acabando.

A burguesia comemora assim uma semana que começou com o anúncio de privatização de ferrovias, rodovias, aeroportos, e agora tem seu "happy hour" de sexta com a manutenção do IPI reduzido.

Mineiros em luta: África do Sul: greve estende-se para outra mina de platina

Joanesburgo – A greve que resultou em confrontos mortais em Marikana, África do Sul, estendeu-se nesta quarta-feira (22) a uma mina próxima, onde “os funcionários não se apresentaram ao trabalho”, disse à AFP o operador Royal Bafokeng Platinum,  afirmando que “a situação era calma”.

Cerca de 600 grevistas reuniram-se do lado de fora dos poços afetados pela greve quando quatro carros da polícia também foram enviados para o local, segundo um fotógrafo da AFP (Agence France-Presse).

De acordo com a mesma fonte, os representantes dos grevistas foram recebidos para discutir a situação.

“Num dos nossos poços, alguns funcionários não apareceram ao trabalho”, confirmou à AFP uma porta-voz para o grupo Sul-Africano Real Platinum Bafokeng, Kea Kalebe, sem especificar o número de empregadores.

“A situação é calma, eles cantam e obviamente estamos monitorando a situação”, disse ela.

Dois poços da Mina empregam um total de 7 mil funcionários, propriedade do reino tradicional da tribo Bafokeng,  que fica na rica zona de  reservas de platina do mundo, perto da cidade de Rustenburg, onde se situa o renovado estádio que acolheu a Copa do Mundo de 2010.

De acordo com o diário econômico  sul africano ” Business Day “, uma outra mina de platina também está sob pressão dos seus trabalhadores, em Thembelani, na mesma região de Marikana. Eles exigem aumento de salários 12.500 rands (1.250 euros) por mês, como em Marikana e deram ultimato  à empresa, a gigante anglo-sul africano Anglo Platinum American (Amplats), até sexta-feira para responder.

O grupo não aceitou comentar o assunto, mas um porta-voz disse ao jornal que a reivindicação já data desde março último

Siemens estuda demitir mais de 10 mil

Em julho deste ano, presidente havia anunciado programa de economia e aumento da eficiência para reduzir custos

O grupo alemão Siemens estuda cortar mais de 10 mil postos de trabalho dentro de sua política de economia anunciada para o próximo outono (no Hemisfério Norte), assinala nesta terça-feira o diário "Börsen Zeitung".

As informações não foram comentadas pela Siemens, mas um porta-voz da empresa assinalou que seu conselho de administração abordará o tema em sua próxima reunião.

O presidente do grupo, Peter Löscher, anunciou em julho um programa de economia e aumento da eficiência para reduzir custos perante as perspectivas de uma redução do lucro no presente ano. 

Fazendeiros prometem “guerra” contra indígenas

Alvo dos ataques são os indígenas Guarani Kaiowá, que promovem a retomada de suas terras tradicionais

Fazendeiros do município de Paranhos, no sul do Mato Grosso do Sul, prometem um confronto armado contra indígenas da região, que promovem a retomada de suas terras tradicionais.

Em 10 de agosto, pistoleiros atacaram um acampamento erguido por cerca de 400 Guarani Kaiowá no tekoha (território sagrado) Arroio Kora. A homologação da área foi feita pelo governo federal, mas suspensa pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O processo ainda não foi votado por todos os ministros, e os indígenas cobram rapidez na decisão.

Atualmente, os índios Guarani Kaiowá e Guarani-ñhandeva de Arroio Kora vivem em situação precária e improvisada em barracos de lona na beira de estradas e em reservas indígenas do Cone Sul do Mato Grosso do Sul. Estima-se que 100 famílias sejam originárias da região.

Ameaça

Com o impasse, a terra permanece ocupada por ruralistas, que se articulam contra os indígenas. Em entrevista ao Portal Midiamax, o fazendeiro Luis Carlos da Silva Vieira, conhecido como “Lenço Preto”, diz que está convocando os fazendeiros da região para a “guerra”.

“Se o Governo quer guerra, vai ter guerra. Se eles podem invadir, então nós também podemos invadir. Não podemos ter medo de índio não. Nós vamos partir pra guerra, e vai ser na semana que vem. Esses índios aí, alguns perigam sobrar. O que não sobrar, nós vamos dar para os porcos comerem”, dispara.

Ele conta que já houve conversas com outros produtores da região e confirma que o conflito armado já é considerado uma opção, caso o governo não intervenha em seu favor.
“A maioria dos fazendeiros está comigo. Arma aqui é só querer. Eu armo esses fazendeiros da fronteira rapidinho, porque o Paraguai fica logo ali, e na guerra não tem bandido”, avisa

Matança de grevistas na África do Sul

Não se tem ainda o número exato de mineiros sul-africanos que morreram em confronto com a polícia. Fontes oficiais estimam 34. A mina de platina em Marikana, próximo de Pretória, foi palco de uma violência contra trabalhadores grevistas que não se via desde 1994 com o fim do regime do apartheid. O sindicato dos mineiros confirma 36 que tombaram fulminados pela polícia.

Os jornais informam que os operários diziam dispostos a morrer pela greve. A polícia herdada do regime da burguesia branca colonizadora respondeu aos manifestantes com armas de guerra. Se os mineiros de Marikana estavam decididos a morrer pela greve, é porque já não suportavam as condições de existência e porque elevaram sua consciência revolucionária.

A matança de homens desarmados expõe a barbárie capitalista sem atenuantes.

A polícia justificou o banho de sangue com o argumento de que foram ameaçados com facões, quando dispersavam 3 mil mineiros. O absurdo do argumento é parte da barbárie.

A greve atinge os interesses da empresa britânica Lanmin. A polícia foi encarregada pelo Presidente Jacob Zuma de esmagar o movimento. A defesa do capital imperialista pelo governo negro à custa do sangue do proletariado negro mostra o quanto a África do Sul permanece na condição país colonizado.

Enfatizamos a cor negra porque desde 1910, quando foi fundada a União da África do Sul sob o domínio do imperialismo inglês, a burguesia branca – formada pelos colonizadores holandeses e alemães (africânderes ou bôeres) e por britânicos – impôs à maioria negra africana o regime de segregação racial (apartheid). As etnias colonizadas estavam proibidas de ter a propriedade da terra, não tinham quaisquer direitos políticos e moravam em zonas separadas da população branca ultraminoritária.

Em 1948, com o Partido Nacional (NP), a segregação e a violência contra os negros recrudesceram. A resistência à opressão de classe e racial, no entanto, levou à constituição do Congresso Nacional Africano (CNA), já em 1912. Na década de 50, o levante dos explorados ganhou amplitude. Em contrapartida, cresceu a violência da burguesia branca.

A morte de 67 negros em 1960 pela polícia, denominada de Massacre de Sharpeville, marcou o declínio do regime do apartheid e o avanço do movimento das massas oprimidas. A condenação do dirigente do CNA, Nelson Mandela, à prisão perpétua e a brutal repressão não quebraram a resistência, apenas retardaram a remoção do regime do apartheid, que ocorrerá em 1994. Mandela é eleito presidente.

A solução negociada entre o CNA e o governo de Frederik de Klerk permitiu que se mudasse o governo e que Mandela ocupasse o posto da presidência, mas também garantiu a permanência do poder da burguesia branca e dos interesses do imperialismo. Ao se conservar o poder econômico da classe capitalista e o funcionamento do Estado burguês, não foi possível eliminar as raízes do apartheid.

O governo do CNA passou a trabalhar para o enriquecimento da mesma classe que colonizou os africanos desde 1652, quando os holandeses estabeleceram na região a Companhia das Índias Orientais, constituindo uma feitoria. A maioria negra da população continua sem acesso às terras, o desemprego açoita milhões e a miséria predomina.

O CNA se corrompe sob a direção de Jacob Zuma, acusado de favorecer empresas de armamento. Mandela, completamente apodrecido no exercício do poder burguês, o apoia para a presidência, em 2009. Esse mesmo bandido da burguesia branca ordenou o massacre dos mineiros em 16 de agosto de 2012. Choroso, se diz chocado com “essa violência sem sentido”: “Instruí as forças da ordem a fazer tudo para manter a situação sob controle”. Essa violência tem sentido sim – serviu aos interesses do capital britânico e de toda burguesia que tem o proletariado em luta como inimigo mortal.

Os explorados sul-africanos foram traídos pelo CNA. A experiência histórica evidencia que uma organização pequeno-burguesa não conduz ao fim da opressão de classe e racial. O CNA com toda sua trajetória de luta e sacrifícios pelo fim do regime do apartheid concluiu como traidor justamente porque se submeteu ao poder econômico da burguesia interna e do imperialismo. Coube ao governo do CNA esmagar a greve dos mineiros de Marikana e derramar sangue dos operários negros. Esse é o fim do CNA, já desmoralizado perante os pobres e oprimidos.

A classe operária mundial deve denunciar esse bárbaro crime do governo Zuma, da burguesia sul-africana e do imperialismo inglês. O programa de combate à barbárie é o da expropriação revolucionária da propriedade privada dos meios de produção e sua transformação em propriedade social, coletiva. Para isso, é necessário construir o partido marxista-leninista-trotskista.

Quanta falta nos faz a IV Internacional! Quanta necessidade temos de levantar os explorados contra os ataques da minoria contra a maioria! O banho de sangue em Marikana espelha a brutal crise de direção. A brutalidade da burguesia contra grevistas desarmados, no entanto, forja nas massas a necessidade de pôr em pé o partido da revolução proletária e fortalece em sua vanguarda a compreensão de seu lugar no combate ao capitalismo.

Denunciamos mais esse crime dos capitalistas! Viva os mineiros sul-africanos! Lutemos pela revolução e ditadura do proletariado!

Governo diz que proposta para grevistas é o limite e negociação termina semana que vem

O secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Planejamento, Sérgio Mendonça, disse neste sábado que o reajuste de 15,8% apresentado para diversas categorias do funcionalismo público federal é o máximo que pode ser oferecido pelo governo.

"Este é um parâmetro de negociação, o rebatimento deste parâmetro é diferenciado para as diversas carreiras, mas este é o nosso limite", explicou.

Mendonça se reuniu neste sábado com integrantes das carreiras do ciclo de gestão e do núcleo financeiro do governo, advogados públicos federais e representantes do Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação (Sinagências) e da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef).

O secretário lembrou que o dia 31 de agosto é o prazo máximo para um acordo, para que o reajuste possa ser contemplado na proposta orçamentária do ano que vem. "Estamos otimistas, caminhando para a possibilidade de acordos até a semana que vem".

Na sexta-feira (17) o governo federal propôs reajuste de 15,8%, a ser pago até 2015, a 18 setores do serviço público federal. A mesma proposta foi apresentada nas reuniões deste sábado.

Na quarta-feira, quando informou as centrais sindicais da disposição do Palácio do Planato, o governo informou que só não será contemplado com o aumento médio de 5% ao ano a partir de 2013 quem continuar em greve. Na quarta, o ministro Gilberto Carvalho (Secretaria-Geral) mostrou tabela indicando que a grande maioria das categorias recebeu aumento bem acima da inflação nos últimos anos.

SEMANA AGITADA

No início da semana, a Condsef, que reúne 30 categorias do funcionalismo público, prometeu subiu o tom nas negociações com o governo.

A paralisação já começou a afetar, inclusive, a fiscalização do uso de verbas federais repassadas a municípios. A CGU (Controladoria Geral da União) anunciou o cancelamento da auditoria que realizaria em 36 municípios.

Na quinta, uma nova manifestação da Polícia Federal nos aeroportos de Rio e São Paulo chegou a deixar 4.000 pessoas nas filas de Guarulhos. Só terminou depois de uma decisão judicial considerar a operação ilegal.

Ontem, os professores da UnB encerraram a grave depois de três meses de braços cruzados.

	Editoria de arte/Folhapress

Metalúrgicos da GM pedem aumento salarial de cerca de 13%

O sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos (SP)--que representa os trabalhadores da General Motors e 12 fabricantes de autopeças na região-- vai reivindicar um reajuste de 12,86% na campanha salarial deste ano.

Os trabalhadores já haviam aceitado proposta da empresa para evitar demissões em massa, aceitando a dispensa temporária de 940 funcionários. Como parte da negociação, a GM informou que continuará a produzir o modelo Classic na linha de montagem de São José dos Campos --que corria o risco de ser fechada-- até novembro.

Trabalhadores da GM aceitam acordo para evitar demissões

A proposta de reajuste, já aprovada em assembleia geral da categoria, corresponde a uma reposição de 5,01% da inflação prevista pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) mais um aumento real de 7,48%.

A campanha começa no momento em que o sindicato e a GM negociam alternativas à fábrica da montadora em São José dos Campos, que, sem receber novos investimentos, passa por processo de esvaziamento e deixou de produzir três modelos recentemente: Corsa, Meriva e Zafira.

	Roosevelt Cássio/Sindicato dos Metalúrgicos
	Metalúrgicos da GM de São José dos Campos querem reposição de cerca de 13%

No último sábado, as partes fecharam um acordo para evitar demissões em massa que prevê a dispensa temporária --até 30 de novembro-- de 940 trabalhadores da GM, além da abertura de um programa de demissões voluntárias para os 7.500 funcionários da fábrica.

Em nota, o vice-presidente do sindicato dos metalúrgicos, Herbert Claros da Silva, defende que, após os incentivos dados pelo governo, --como a redução do IPI-- a GM e as fábricas de autopeças não têm motivos para endurecer nas negociações.

"Pelo contrário, os trabalhadores passaram o ano dando duro na linha de produção e, portanto, vão lutar por aumento real de salário", afirma.

PESQUISADORA FAZ MAPA DA EXPULSÃO DE MORADORES POR OBRAS DA COPA EM CURITIBA

Mais de 2 mil famílias serão removidas por obras da Copa na cidade, diz geográfa, que constatou outras violações de direitos por parte do poder público nos preparativos do evento

Fernanda Keiko Ikuta é professora no departamento de Geografia da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), e membro do Comitê Popular da Copa de Curitiba. Há mais de dez anos, Fernanda pesquisa o problema de moradia em diferentes cidades e contextos. Seu último trabalho “Moradia popular na ‘cidade-modelo’ em tempos de Copa”, ainda em curso,  mapeia a cidade de Curitiba e mostra como as pessoas serão afetadas pelos preparativos para a Copa do Mundo de 2014. Em entrevista ao Copa Pública, ela diz que seu trabalho está sendo dificultado pelo poder público, que se nega a dar dados precisos, principalmente sobre remoções: “Assim como não há dados oficiais precisos sobre as remoções no país, em Curitiba o poder público também se nega a informar com exatidão as áreas e o número de famílias que pretende remover de suas casas. Sem essas informações em mãos, a população não consegue alavancar um processo de organização e enfrentamento às intervenções urbanas que têm se apresentado de forma arbitrária” E calcula que cerca de 2.000 a 2.500 famílias deverão ser removidas de suas casas por conta de obras para a Copa em Curitiba e região metropolitana.

Fale um pouco sobre sua pesquisa: Por que escolheu este tema? Do que ela trata?

Essa pesquisa faz parte de um estágio de pós-doutorado na Universidade Federal do Paraná, vinculado ao Grupo de Estudos sobre Dinâmicas Metropolitanas (GEDiMe) e ao Núcleo Curitiba do Observatório das Metrópoles (IPPUR-UFRJ/FASE), e vem consolidar e atualizar nossos conhecimentos e atuação sobre a luta pela moradia popular. Nossa ênfase é no processo de expansão do capital no urbano e seu projeto de cidade no contexto dos megaeventos a partir da análise da dinâmica da moradia popular em Curitiba durante as ações preparatórias para a Copa de 2014. Na prática, a proposta da pesquisa é identificar os processos de remoção e reassentamento habitacional, verificando os casos de violação do direito à moradia, os processos de ampliação da segregação urbana e da desigualdade socioespacial e eventuais reações contrárias aos impactos das intervenções em curso. É importante esclarecer que entendemos que a população de baixa renda, historicamente, tem sofrido com as desigualdades e a espoliação urbana, mas, nas últimas décadas, a expansão do capital no urbano e, de forma geral, o desenvolvimento com suas diversas práticas e discursos, têm incrementado a pobreza urbana, a desigualdade e o surgimento de novas formas de exclusão sócio-espacial. A apropriação da cidade por interesses empresariais implementada via “grandes projetos de desenvolvimento urbano” é o eixo estrutural da expansão do capital que tem se dado por meio da difusão do planejamento estratégico, um modelo neoliberal de gestão empresarial da cidade, possível graças a ampla coalizão de interesses do poder público (nas esferas federal, estadual e municipal) e de empresas privadas. Neste contexto, a realização de megaeventos esportivos, que vem ganhando cada vez mais espaço na agenda urbana das metrópoles contemporâneas como um grande projeto de desenvolvimento urbano, é uma das expressões das mutações do capital para a exploração de novas fronteiras até então não incorporadas em sua lógica. A partir desses pressupostos, a pesquisa em Curitiba se baseia em investigar um dos aspectos da desigualdade sócio-espacial resultante da expansão do capital no urbano hoje: mapear as intervenções e conflitos na Região Metropolitana de Curitiba relacionadas à dinâmica da moradia popular em curso neste momento de preparação para a Copa de 2014.

Ela ainda está em andamento, certo? O que já pode ser percebido com relação a mudanças na cidade e na vida das pessoas?

Sim, a pesquisa ainda está em andamento. Aliás, gostaria de denunciar aqui que o levantamento de dados e informações oficiais é deliberadamente dificultado pelo poder público local, em especial no que diz respeito às remoções. 

Assim como não há dados oficiais precisos sobre as remoções no país, em Curitiba o poder público também se nega a informar com exatidão as áreas e o número de famílias que pretende remover de suas casas. Sem essas informações em mãos, a população não consegue alavancar um processo de organização e enfrentamento às intervenções urbanas que têm se apresentado de forma arbitrária.

Muitos moradores desconhecem até mesmo se suas casas estão ou não na mira das remoções previstas ou de outros impactos das obras da Copa. É ilustrativa a mobilização ocorrida no bairro São Cristóvão em São José dos Pinhais, que é um município da Região Metropolitana de Curitiba, contra a construção de uma trincheira, uma obra viária, que consta no projeto Aeroporto/Rodoviária (Avenida das Torres), como obra do PAC da Copa. A obra vinha sendo imposta de forma autoritária, sem consulta prévia à comunidade e sem levar em conta o impacto de vizinhança que provocaria. Os moradores não tomaram conhecimento do projeto pelo poder público. O mesmo acontece com o projeto de construção da terceira pista do aeroporto onde moradores da área a ser atingida estão pedindo, sem sucesso, as informações da área e o número de famílias que serão removidas. O processo tem sido esse: as pessoas sequer são informadas da existência dos projetos e de que sua comunidade irá sofrer alterações. O descumprimento do dever do poder público em informar devida e antecipadamente a população sobre os impactos das intervenções urbanas somado aos atrasos no início das obras, mostram uma estratégia de protelação da intervenção que serve para minar possíveis embates. Ou seja, o impacto maior, as mudanças maiores na cidade e na vida dos curitibanos, infelizmente, ainda estão por vir e se depender do poder público virão sem aviso prévio.

Como está a questão das remoções em Curitiba? Já é possível estimar quantas famílias deverão deixar suas casas por conta de obras relacionadas à Copa?

Em Curitiba, poucas obras foram iniciadas e os projetos definitivos ainda não foram divulgados, portanto, apesar de que em várias obras estejam previstos processos de desapropriação, os mesmos ainda não se iniciaram na atual fase de preparação da Copa de 2014. Somente 11 imóveis, predominantemente residenciais, que envolvem as obras de adequação do estádio Joaquim Américo Guimarães, do Clube Atlético Paranaense, que sediará a Copa de 2014 em Curitiba, estão em processo de desapropriação. Com base em trabalhos de campo, projeções de dados oficiais, mapeamentos e estudos analíticos, foi possível realizar um levantamento preliminar, grande parte dele elaborado junto ao Comitê Popular da Copa de Curitiba, do qual participamos, das principais remoções previstas e identificar processos em vias de implementação que já nos permitem verificar os casos de violação do direito à moradia, as localidades e a população afetada.

Cerca de 2.000 a 2.500 famílias, em sua maioria de baixa renda, estão ameaçadas de remoção pela Copa em Curitiba e sua região metropolitana, como é possível verificar no mapa da população ameaçada de remoção (no final da matéria), só a obra de requalificação de vias do Corredor Metropolitano poderá remover ao menos 1000 famílias.

Como estas remoções estão sendo feitas? Os direitos das pessoas têm sido respeitados?

Como expliquei antes, grande parte das obras ainda não foram iniciadas e as remoções ainda não estão acontecendo. Mas já temos sinais claros de que os rumos da ação pública é a violação dos direitos para este caso. A própria ausência de publicização dos projetos oficiais já é uma violação de direitos. As famílias que estão na mira das desapropriações não estão sendo informadas e consultadas conforme exige o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais que é o marco internacional de direitos humanos aplicável aos megaeventos. Temos acompanhado, junto ao Comitê Popular da Copa de Curitiba, a mobilização dos moradores da Vila Nova Costeira, um dos bairros a serem afetados pela implantação de uma nova pista de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional Afonso Pena (localizado em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba). Embora esta obra não conste da Matriz de Responsabilidades, que define as obras da Copa do Mundo de 2014, a vinculação da construção da terceira pista aos preparativos para a Copa existe. O secretário especial para Assuntos da Copa, Mário Celso Cunha, manifestou, em reportagem para o jornal O Estado do Paraná do dia 25 de março de 2011, acreditar na possibilidade da obra ficar pronta até 2014. Divulga-se que 321 famílias terão seus imóveis desapropriados, o que totalizaria cerca de mais de 1.000 pessoas, ao longo de 280 lotes. Apesar da iminente ameaça de remoção, as famílias não estão vendo suas reivindicações de informações, junto aos órgãos responsáveis, da área precisa a ser afetada, serem atendidas. Da mesma maneira, os moradores do entorno do estádio, muitos deles residentes no local há mais de 30 anos, também foram vítimas da desinformação durante toda a fase de medição e apuração técnica dos valores de mercado a serem indenizados.

Quais são as principais violações aos direitos humanos que estão acontecendo neste processo?

Para os casos que estudamos, focando o direito à moradia adequada, além das remoções que se encaminham para acontecer de forma forçada, há outros impactos e violações acontecendo. Se retomamos o caso da obra do aeroporto, temos, no mínimo, o isolamento dos moradores do entorno do aeroporto com a construção da terceira pista (a obra fecha ruas que hoje fazem a interligação entre bairros da região e o Centro de São José dos Pinhais) e o aumento do nível de ruídos e tremores provocados pelos aviões, intensificando os problemas auditivos e de comprometimento da estrutura material das casas. Mas há uma série de violações aos direitos humanos que estão na iminência de se efetivar, como a proibição de venda ou mesmo exposição de qualquer mercadoria nas áreas de restrição comercial que não obtenham permissão expressa da FIFA, que afetará aos vendedores ambulantes, assim como a proibição às profissionais do sexo de trabalharem em algumas ruas que estão dentro da zona de exclusão imposta pela FIFA.

Falando sobre a questão urbanística, Curitiba tem os títulos de potencial construtivo que estão sendo usados como moeda para a construção do estádio. O que isso significa para uma cidade modelo? Foi feito um planejamento urbanístico para comportar todas estas mudanças que, imagino, não serão poucas? (Nós falamos sobre isso aqui)

Essa engenharia financeira para favorecer a iniciativa privada é a expressão máxima da apropriação da cidade por interesses empresariais via as parcerias público-privadas. E esse é um dos princípios para que se cumpra a aspiração por ser uma “cidade modelo”. A flexibilização da norma urbanística é um dos elementos que denota a planejada intensificação das desigualdades sócioespaciais ou, como analisa o sociólogo Francisco de Oliveira, o planejamento que enquadra a exceção e a transforma em norma, no seio das intervenções urbanas acionadas para a realização dos megaeventos esportivos. Tudo isso amparado pelo forte instrumento simbólico do city marketing que constrói a imagem da “cidade modelo”, que, em tempos de Copa, significa ser uma cidade que se prepara, a qualquer custo, para ser uma cidade capacitada técnica e infra-estruturalmente para receber os megaeventos.

Você acredita que estas mudanças serão benéficas para a vida de quem mora em Curitiba?

O projeto de cidade em curso em Curitiba já apresentava sua faceta baseada nas desigualdades socioespaciais.

Se a capital paranaense também replicar o que tem sido padrão na implementação dos megaeventos esportivos, o que nos fica é dívida pública, expulsões e despejos forçados, sobretudo das famílias de baixa renda, concentração de infraestrutura e projetos de renovação urbana que priorizam o embelezamento urbano em detrimento das necessidades dos moradores locais e que, em geral, buscam eliminar toda e qualquer manifestação de pobreza, além de punir e discriminar grupos marginalizados e considerados indesejáveis socialmente.

Na pesquisa você coloca o questionamento: Como ficam os pobres e os sem teto da “cidade-modelo” em tempos de Copa? Já é possível responder esta pergunta?

Acreditamos que em uma cidade cujo planejamento e gestão tem se baseado, nos últimos anos, numa proposta de cidade-empresa-mercadoria, a Copa potencializa os rumos que já vinham sendo tomados pela política urbana e, neste sentido, não só o acesso à terra e à moradia, mas a existência de serviços, equipamentos e tudo o que condiz ao urbano, pertence cada vez menos ao morador de baixa renda e cada vez mais à valorização capitalista do espaço. Mas, a organização popular pelo Brasil a fora tem demonstrado ter força para frear ou, no mínimo, amenizar este processo perverso. Levantar e disseminar esse debate é um primeiro passo nessa contra-direção!